17 nov 2026

Corte suspende sin goce de sueldo a jueces de Paz por caso de pagarés

Por unanimidad, los ministros del Máximo Tribunal de la República dispusieron la suspensión de los magistrados de Paz de Recoleta y La Catedral, a petición del Jurado de Enjuiciamiento.

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Sesión. Los ministros de la Corte, en forma unánime, suspendieron a los magistrados.

GENTILEZA

El pleno de la Corte suspendió ayer, sin goce de salario, al juez de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, y a la jueza de Paz de Catedral, del Segundo Turno, Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, por lo que se conoce como la mafia de los pagarés.

En la sesión plenaria de ayer, trataron el pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de suspensión a los jueces, que se había decidido en esa instancia el pasado martes. Es más, el mismo presidente del órgano, César Garay, presentó los oficios.

El JEM solicitó la suspensión sin goce de salario de los dos magistrados, por lo que se trató y, por voto unánime, dispusieron la suspensión de Víctor Nilo Rodríguez y Nathalia Guadalupe Garcete.

Por lo general, el trámite de la suspensión se da recién a la semana siguiente en la Corte, porque el oficio no llega a tiempo. Sin embargo, con la presidencia del ministro Garay en el Jurado, el oficio llegó en el mismo día, con lo que se incluyó en el orden del día de la sesión plenaria.

JUZGAMIENTO. El pasado martes, el Jurado había dispuesto el enjuiciamiento de oficio del juez Rodríguez, por haber dictado y firmado resoluciones refrendadas por secretarios, sin fechas, en un total de 434 expedientes.

Además, por haber dictado providencias que autorizaron el retiro de los juicios ejecutivos sin fijar un plazo de devolución, lo que se registró en 7.927 expedientes, según la auditoría de la Corte.

Finalmente, también fue enjuiciado por haber permitido que sus funcionarios cometieran actos ilegales.

La abogada Cristina Beatriz Armoa Santander fue designada como fiscala acusadora en el caso.

Por su parte, la jueza Garcete fue enjuiciado por haber dictado resoluciones que contaban con su firma y de actuarios, pero sin fecha. Esta irregularidad fue detectada en 65 expedientes, conforme con la auditoría realizada en el Poder Judicial.

En esta causa, fue designado como fiscal acusador el abogado Celso Ayala, quien deberá investigar el caso para el juzgamiento.

RENUNCIAS. Por otro lado, la Corte aceptó la renuncia del fiscal itinerante, Guillermo Javier Sanabria Centurión, quien investigaba el caso de las supuestas filtraciones en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad). En este caso se habló de que renunció por las presiones para que presente la acusación, aunque el mismo fue desmentido. La Corte declaró vacante el cargo y comunicó al Consejo de la Magistratura para que se llame a concurso.

Asimismo, se aceptó la renuncia de la fiscala de San Juan Bautista, que cumple funciones en Asunción, Alba María Delvalle, a partir del 1 de abril de 2025.

También la renuncia al cargo de los defensores Públicos de Pilar, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, a partir del 5 de marzo de 2025; de Encarnación, Dora Lilia Petta de Duarte, a partir del 1 de abril de 2025; y de Pedro Juan Caballero, Gladys Josefina Escobar Martínez. En todos los casos se declaró vacante el cargo y se comunicó al Consejo de la Magistratura para que se llame a concurso.

Otra magistrada también afectada El pleno de la Corte también suspendió preventivamente en el ejercicio de sus funciones, con goce de salario básico, a la jueza de Garantías 1 de Caacupé, Cinthya Paola Páez Mancuello. Esto, por pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a raíz de la supuesta tramitación irregular de un hábeas corpus. Asimismo, la Corte dispuso que la jueza de Garantías 3 de Caacupé, Silvia Carolina Cáceres Riveros, interine su juzgado, sin perjuicio de sus actuales funciones.

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