El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tiene vía libre para marcar una fecha para la audiencia preliminar de los acusados en la causa del fracasado proyecto Metrobús, para saber si van o no a juicio otral y público.
El caso se destrabó luego de que la Sala Penal de la Corte Superma de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la defensa a cargo de los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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En la causa también están acusados por presunta lesión de confianza el ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, la ex viceministra de Administración y Finanzas, Marta Regina Benítez Morínigo, y el ex gerente del proyecto, Guillermo Alcaraz. Este último falleció días pasados en Argentina, cuya muerte ya fue notificada al magistrado.
La superobra se presentó durante el gobierno de Horacio Cartes como la solución al deficitario transporte público; sin embargo, solo causó frustración y perjuicios millonarios.
En febrero del 2016, el MOPC firmó el contrato con la empresa portuguesa Mota-Engil por G. 300.417 millones, pero el proyecto posteriormente terminó costando G. 403.900 millones, con un sobrecosto de 35% aproximadamente.
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Un informe de la Contraloría General de la República reveló varias irregularidades que fueron constatadas por el equipo de verificadores, entre las que destacan, como impacto negativo, la privación de beneficios económicos que debió darles la obra a los ciudadanos por unos USD 85 millones hasta octubre de 2019.
La Contraloría había señalado que en la obra se realizaron ajustes no contemplados inicialmente en el contrato, por lo que surgió un incremento de G. 108.802.005.390 en los convenios modificatorios y la ampliación de plazos de ejecución.
En diciembre del 2023, un tribunal arbitral condenó a Paraguay a pagar casi USD 17 millones a la firma extranjera por suspender la obra en el 2020.
Mota-Engil solo concluyó 800 metros de los 16,4 kilómetros del proyecto, por el cual se llegaron a desembolsar USD 29 millones.
