En caso de aprobarse las intervenciones de los municipios de Ciudad del Este y Asunción, y que resulte de esto la destitución de los intendentes Miguel Prieto y Óscar Nenecho Rodríguez, se tendrá que convocar a nuevas elecciones, para completar el periodo vigente, pero esto representaría un gasto muy grande para el Estado.
El director de la Unidad de Procesos Electorales de la Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, reconoció que el gasto podría ser alto porque se trata de las dos ciudades más grandes del país, que significan alrededor de 450.000 electores, aunque no pudo precisar cuál sería el presupuesto a ser destinado.
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Igualmente, Ljubetic recordó que la convocatoria a elección está prevista en la Constitución, cuando se habla de destitución. También lo contempla la Ley 834 del Código Electoral.
El director, en tanto, explicó que una elección sería más viable si se convoca para este año, no así para el año próximo. Esto debido a que el llamado sería para dentro de 90 días, por lo que estaría muy cerca de las internas de los comicios del próximo periodo.
“Si este año se convoca ya a la elección, tiene sentido, pero si pasa la resolución del Parlamento al año próximo, se va a resolver en marzo recién porque en enero y febrero no hay sesiones”, comentó a UH.
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Pero el gasto no sería solo para el Estado. Ljubetic indicó que el candidato que quiera postularse a la Intendencia también deberá invertir en su campaña, para ejercer el cargo solo por unos meses. “Quién va a gastar plata para estar tres meses en el cargo. Y cuánta plata va a gastar el país”, lanzó el director.
Por su parte, el director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, explicó que en caso de destitución, y la posterior convocatoria, el cronograma electoral sería sumamente ajustado. Sin embargo, no hay opción, porque así lo establece el artículo 165 de la Constitución Nacional.
“Vamos a tener un cronograma electoral bastante apretado, pero lo tenemos que hacer. Pero esto cambia en el caso de que renuncie el intendente”, aclaró.
El plazo ante una destitución es en total de 90 días. Dentro de ese lapso, hay tiempo de 10 días para convocar luego de recibir la comunicación de la Cámara de Diputados al TSJE. La interna se realiza a los 40 días y la general, a los 80 días.
Si el intendente renuncia, la Carta Orgánica establece que el presidente de la Junta debe asumir de forma interina, y convocar a los concejales dentro de los 30 días para una sesión en la que, entre ellos, deberán elegir al jefe comunal que complete el periodo.
“Así como viene la mano, conforme al cronograma que estamos armando para el 2026, el nuevo intendente que resulte de las elecciones de octubre, va a asumir en noviembre del 2026. El programa va a ser muy apretado. El más corto de todos usualmente tiene un año, pero ahora tendremos que hacerlo en 90 días”, comentó Ruiz Díaz.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), explicó que todo el proceso de intervención y destitución de un intendente se introdujo por ley “para evitar que los concejales entren en componendas políticas entre ellos, para destituir al intendente, y quedarse uno como jefe comunal, para desalentar ese tipo de maniobra, se decidió que se llame a elecciones”.
Recordó que fue muy común que los concejales se pongan de acuerdo para sacar al intendente vía intervención. “Hubo periodos en los que en CDE, por ejemplo, hubo cinco o seis intendentes de seguido, le forzaban a renunciar. El sentido de la norma es evitar eso, pero sí, genera problemas”, sostuvo.
Entre esos problemas citó que el calendario electoral puede ser muy ajustado, y además, indicó que el que resulte ganador, aunque solo gobierno por unos meses, ya tiene menos periodos para una reelección.
