El problema del subsidio al transporte público ha vuelto a la palestra luego de que el Gobierno reconociese que lo solventa con la deuda pública. Según informes del MOPC, la tendencia en los últimos años ha sido el desplazamiento del subsidio desde fondos del tesoro –como lo manda la ley de Administración financiera del Estado– hacia fuentes provenientes del crédito público. En otras palabras, el Gobierno está financiando el subsidio al transporte con más y más deudas.
Este hecho es naturalmente preocupante. Sabemos que cada nuevo Gobierno no hace más que aumentar la deuda y que actualmente ya ha cruzado el 40% de la producción anual paraguaya. El aspecto financiero de la cuestión podremos discutirlo en otra ocasión. Estamos más interesados en analizar más a fondo la naturaleza misma del subsidio. ¿Qué es? ¿Sirve para algo? ¿Qué motivos tiene el Gobierno en instituirlo? Antes, es menester realizar unas pequeñas acotaciones con relación al servicio de transporte mismo.
Todos sabemos que el servicio público de transporte en el Paraguay se encuentra probablemente entre los peores del mundo y parece deteriorarse paulatinamente. La causa de esta realidad es naturalmente la baja inversión existente en maquinarias y tecnología necesarias para proveer un servicio adecuado. Para ello, naturalmente es necesario capital y más importante un sistema de precios libres en el que el empresario pueda realizar un cómputo adecuado de costos que le permita embarcarse en la empresa obteniendo rentabilidad. Si el mercado no es libre o el Gobierno impone controles de precios o no le permite al empresario el cálculo adecuado de itinerarios, este estará ciego ante la demanda del consumidor y no podrá realizar estos cómputos de forma eficiente. El resultado es que toda actividad que realice en estas condiciones, resultará en pérdidas.
Por ello, no podemos demonizar tan rápidamente al transportista como es común en la opinión de la gente. Entendemos que existen empresarios deshonestos, o que viven de dádivas y concesiones políticas (muy normal en nuestro sistema económico). Sin embargo, hay que ver la otra cara de la moneda. El pecado original de donde surgen todos los males.
El Estado tiene un control absoluto, sobre todo el aspecto del transporte del Paraguay, y lo más importante es que fija precios máximos al servicio de pasajeros. Al fijar precios máximos fuera de la realidad del mercado, el empresario no puede muchas veces cubrir sus costos y se ve obligado a prestar un servicio de pésima categoría o simplemente desaparecer del mercado. En protesta, naturalmente exige una compensación. Esta compensación es el subsidio.
Hay subsidio entonces, cuando el Estado usa fondos extraídos de los ciudadanos por medio de los impuestos y se los transfiere a otro grupo particular de ciudadanos que no pueden cubrir sus costos y actúan en forma ineficiente. Naturalmente, es una injusticia exigir a todos aquellos que no usan el transporte público, a que paguen por él. Sin embargo, la causa de la ineficiencia, como decíamos más arriba, es el Gobierno mismo, al interferir en el mercado libre.
El problema es doble. Por un lado, la incapacidad de competir que el Gobierno impone sobre el empresario, y, al mismo tiempo, la falta de flexibilidad que un mercado libre lograría premiando al eficiente y penalizando al ineficiente y que no puede lograr debido a la intervención.
Los subsidios son transferencias ilegítimas de bienes de un sector económico a otro. Distorsionan el mercado al penalizar compulsivamente a la empresa eficiente a favor de la empresa ineficiente. Cuanto más se prolonga esta situación, más rígido se pondrá el mercado y más se alargará la vida de las empresas ineficientes en detrimento de la satisfacción real del consumidor. El resultado será siempre un descenso en el nivel general de vida de todos.
Entonces, ¿cuál es el objetivo del Gobierno con este absurdo proceder? Simplemente la demagogia. “Quedar bien con el pueblo”; Al hacer creer a la gente que con precios bajos e irreales se les ha “dado” o “regalado” algo. Este regalo se cobrará naturalmente en las urnas.
Todos sabemos que esto es absurdo. Nada es gratis. Lo que el consumidor no paga en el pasaje lo paga de otra forma, en impuestos, inflación, nuevas deudas para generaciones futuras, y por supuesto con un pésimo servicio. Si de verdad queremos solucionar este problema, debemos exigir que el Estado abandone completamente el control que ejerce sobre sistema de transportes público.
Exijamos al Congreso que derogue de una vez por toda la ley de transporte y las instituciones creadas por ella como Dinatran y Setama, cunas de corrupción, ineficiencia y gasto inútil al contribuyente. Asimismo, exijamos el abandono la política de control de precios, y los inútiles subsidios. Solo a través del mercado libre y el libre juego de la oferta y la demanda se podrá brindar al paraguayo el servicio de transporte que se merece.
