Desde el próximo año tendremos un nuevo feriado nacional. El 20 de junio fue señalado para conmemorar el Día de la Jura de la Constitución Nacional, y entrará en vigencia en el 2026. Sin embargo, ¿para qué conmemorar algo que violamos todos los días, especialmente desde el Estado, que es el encargado de velar para que sea cumplida?
Y digo esto no solo por contrera –como dirían algunos–, sino porque es una realidad patente, aunque parezca utópico tratar de cambiar esta situación.
En el ámbito de la Justicia, es la Sala Constitucional de la Corte la encargada de declarar si un acto, una ley, o una resolución es o no constitucional. Sin embargo, lastimosamente, pareciera que cada ministro interpreta de forma distinta la Carta Magna, por lo que no podemos saber cómo debe ser entendida.
Y ya que hablamos de la Justicia, esto se ve reflejado en todos los demás magistrados, salvo honrosas excepciones. Cada uno tiene su propia interpretación, y las violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, y el abuso de la prisión preventiva se dan todos los días.
“¿Para qué voy a apelar si en el ámbito del crimen organizado los procesados no tienen derechos?”, decía un abogado, quejándose del Poder Judicial. Dice que su defendido lleva ya casi un año sin que pueda hacerse exámenes médicos requeridos por forenses del Poder Judicial, porque es considerado como un recluso de “alto perfil”.
Y tiene razón. El derecho a la presunción de inocencia no existe. Los procesados son tratados como condenados. Cualquiera sea su queja, es rechazada, por más de que tengan derecho, para demostrar que la Justicia es dura. Es más, muchas veces, las resoluciones se dan para la gradería.
Incluso, cada vez se restringen más los derechos de los abogados que litigan o que osan representarlos, advirtiéndoles que serán sancionados. Y se toma parcialmente lo que dice la ley, según la conveniencia.
Lo peor es que, pese a que la Constitución prohíbe la injerencia de otros poderes en el ámbito judicial y, principalmente, en el fiscal, esto se nota en el direccionamiento de algunos casos, en especial contra políticos.
Pero eso no es todo. Desde el Ministerio Justicia, el tratamiento que se da a las personas que están recluidas viola todos los derechos humanos. Tienen un ínfimo presupuesto para alimentarlos, y cada vez se agranda más la legión de presos, al punto que en nuestras prisiones el hacinamiento es la constante. La respuesta estatal es construir más cárceles.
En los famosos penales “de máxima seguridad”, se copia un modelo salvadoreño, donde los presos pasan 22 horas encerrados y solo dos horas –si tienen suerte– pueden salir al patio. Hasta en los castigos que se imponen a los reos se tiene un límite sobre el tiempo en que pueden estar aislados. Pero en estos reclusorios es lo común, para justificar la supuesta “dureza” con el crimen organizado. Claro que esto solo con los internos que no tienen medios para pagarse lujos en las penitenciarías.
La verdad que el crimen organizado va contaminando todos los estamentos de la sociedad, pero tampoco se lo puede combatir violando nuestra Constitución.
No obstante, lo que más corroe al país es la corrupción sea estatal o privada, que hace que el dinero no alcance y ahora quieren aumentar los impuestos. En realidad, no es que no haga falta, pero podría antes mejorarse el gasto, evitar los planilleros y las otras sanguijuelas del presupuesto estatal.
Solo con estos puntos, ya se nota que se violaron varias veces los artículos constitucionales. Pero aquí quieren conmemorar el Día de la Jura de la Constitución. Lo que hay que hacer es respetarla, no solo recordarla. Sería bueno que en nuestras escuelas, colegios y universidades enseñen más sus artículos, que niños y jóvenes los entiendan, que sepan sus derechos, ya que, pese a las críticas, hasta ahora, es la mejor que tuvimos.
