Hay un malestar evidente desde gran parte de las contratistas del Estado. El sector de las farmacéuticas, constructoras, vialeras, empresarios del transporte y proveedoras del programa estrella Hambre Cero no están muy contentos con la forma en que el Gobierno está actuando ante los compromisos financieros. Reclaman juntos alrededor de mil millones de dólares impagos.
Mientras tanto, desde la Administración oficial ponen en duda las cifras. Entiendo la responsabilidad a la hora de pagar con dinero público, y que no se puede estar dilapidando recursos, abonando por obligaciones que no corresponden. Sin embargo, la práctica no demuestra nobles objetivos en casi ninguna dirigencia gubernativa. Entonces, es difícil creer en el cumplimiento estricto de los deberes por parte de una mayoría de los funcionarios.
Quienes suministran servicios de infraestructura, salud o transporte –imprescindibles por donde se miren–, están enojados, pero el enfado todavía no llega a la furia, considerando que los asuntos relacionados con las deudas públicas no se han llevado a estrados judiciales, y siguen dirimiéndose en reuniones y plagueos. Eso, hasta ahora prosigue en el refunfuño, privado y notorio.
No obstante, imaginen que no sepamos cuánto debemos por la energía eléctrica o por el uso del agua potable, o peor, que no nos quieran pagar por un servicio prestado. No ha de ser una situación muy agradable. Por este motivo, a pesar de las palabras cuidadosas de representantes del Gobierno, me parece igualmente grave que pongan en duda las deudas, que no sepan de cuánto estamos hablando realmente. Aunque los tiempos de un Estado sean naturalmente lentos, no se comprende cómo es que no haya conocimiento cierto del pasivo.
Para colmo, el Gobierno no está pagando porque quiere mantener la meta de déficit fiscal de este año, que busca un cierre de 1,9% del producto interno bruto (PIB), y aunque tiene fondos para retribuir a las proveedoras, inclusive con préstamos de multilaterales para proyectos plurianuales, evita los desembolsos para continuar a raya con los números que mostramos al mundo. Te patean la deuda, eju lúne. Es decir, importa demasiado la apariencia, sin cuentas claras, pero no lo que realmente somos: Un Estado que asume compromisos, pero que los cancela muy de a poquito, a cuentagotas y con retrasos que vulneran derechos.
Así es, solamente desde las empresas constructoras alertan que los efectos pueden ser desastrosos, con miles de empleos que están en riesgo, esos mismos de los que se jacta el Gobierno, pero que, en realidad, los apuntala el sector privado. Y no quiero decir que el Estado sea un empleador, al contrario, debe acabar esa nefasta práctica. Lo que considero es que las políticas que favorezcan el trabajo tienen que ser mejores.
Además, no podemos ofrecer buenos servicios públicos con la misma base tributaria, creciendo al mismo ritmo que lo hacen la inflación y el PIB. Desde el sector privado el reclamo es constante: Mejor calidad del gasto. Claro, cómo pretendemos aumentar o ajustar impuestos cuando estamos derrochando en fiestas navideñas, en salarios públicos irreales. Cómo vamos a ofrecer mejor calidad de vida si tenemos un gran déficit de infraestructura, con hospitales sin medicamentos, con aulas que no cumplen los estándares del siglo XXI. Qué es lo que pretendemos dejando morir de a poco a miles de paraguayos en las calles víctimas de las drogas. A dónde vamos cuando la impunidad deriva en cifras cada vez mayores de asesinatos (especialmente de mujeres indefensas), y del abuso de niños y niñas.
No, así no podemos seguir. El reclamo del sector privado es importante, pero debe ir más allá de la superficie, y mostrar la podredumbre que nos está afectando. De lo contrario, los efectos los terminarán sintiendo también ellos en sus barrios cerrados, en sus búnkeres. Nadie puede escapar de la realidad, hay que enfrentarla y luchar por una mejor. Todavía queda esperanza.
