Nuestro sistema de Justicia es severo al juzgar microdelitos, pero cuando se trata de personas con poder se muestra complaciente. Esta desproporción fue retratada hace décadas por el obispo salvadoreño, asesinado por la dictadura y declarado santo por el papa Francisco, monseñor Óscar Arnulfo Romero. La injusticia atenta contra la democracia y debilita al Estado de derecho.
Un titular de ÚH indicaba: “Por abuso de prisión, procesados por meros delitos llenarían tres cárceles”. Ahí explicaban los expertos que en Paraguay “estamos ante una política judicial que criminaliza la pobreza”, mientras que personas que ostentan algún tipo de poder, condenadas, pasan sus días en sus casas.
Para el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, es evidente que “hay una selección” y aplicó el término de “selectividad penal”, al referirse a que algunas personas son más vulnerables “a ser criminalizadas”. Se preguntaba también: ¿Por qué condenados en primera instancia a 5 años o más pueden tener medidas alternativas e imputados con misma expectativa de pena tienen prisión preventiva durante todo el proceso?
Asimismo, el sistema procesal penal frustra las posibilidades de medidas alternativas a la prisión cuando uno no tiene medios para ofrecer garantías reales, lo que evidentemente “genera un trato absolutamente desigual”, decía el comisionado Óscar Ayala Amarilla, del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP), quien proporcionaba el dato, del universo penitenciario, el 60% son procesados. Esto implica que la población carcelaria sin condena en nuestro país se ubicaba en un 60% para el caso de los hombres y del 47% entre las mujeres, según datos del Mecanismo. La institución alertaba asimismo sobre un aumento de casos de tuberculosis, sífilis y VIH, entre los reos.
La información actual indica que uno de cada cinco presos en Paraguay padece de tuberculosis que, sin tratamiento, puede ser letal. Además, el principal problema de la propagación de esta enfermedad es el hacinamiento en las prisiones, y recordemos: Paraguay es el país con más presos sin condena en el mundo.
En la otra cara de esta realidad de desigualdad e injusticia que promueve nuestro sistema podemos ver a la empresaria Dalia López, prófuga de la Justicia por seis años, luego en prisión casi un mes, en una celda con todas las comodidades y luego de manera expeditiva recibe arresto domiciliario con tobillera electrónica. Presuntamente la empresaria le proveyó documentación falsa al ex jugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto. Con certeza se puede afirmar que Dalia colocó al país en el centro de un vergonzoso episodio mundial, que de hecho se convirtió en una serie de una plataforma de streaming. Un ídolo del fútbol mundial guardó reclusión por más de un mes en la Agrupación Especializada, mientras la persona que –presuntamente– le dio una cédula paraguaya al antiguo 10 de la Selección brasileña guarda reclusión en su hogar.
En este país desigual, una funcionaria de la Cámara de Diputados que engañó a dos familias muy humildes de Caaguazú y descubierta por una denuncia periodística, acabó imputada por apropiación, estafa y lesión de confianza. Pero Anadelia Acosta Armoa, la ahora ex funcionaria, se salvó de ir a la cárcel y solo tuvo que pagar fianza. Ella había sido imputada dentro de un esquema de cobro irregular de una indemnización de la ANDE para dos familias de trabajadores que fallecieron electrocutados.
Junto a los privilegios de Dalia López y de Anadelia Acosta se deben recordar casos, como el del ex gobernador de Central, Hugo Javier González, quien está libre, pese a estar condenado a 10 años de cárcel por desvío de G. 5.105 millones o el del ex diputado colorado Miguel Cuevas, quien sigue libre a pesar de una sentencia de 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, desde el 2023 o de Óscar Ñoño Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes, hermano del presidente del Senado, Basilio Núñez que tiene una condena de 11 años de cárcel por causar un perjuicio al Estado paraguayo de G. 52.500 millones, él también tiene arresto domiciliario.
Estos ejemplos nos muestran que un sistema de Justicia que hace diferencias; otorga prisión domiciliaria a quien defraudó al pueblo, pero mantiene encerrado, en condiciones de hacinamiento y peligros, sin condena, al 60% del total de la población carcelaria; no funciona bien, promueve la desigualdad y la injusticia. Este sistema atenta contra la misma democracia y el Estado de derecho. Eso es lo que hace el garrote punitivo contra los pobres, contra los descalzos.
