Desde que se hizo público el caso de la mafia de los pagarés se encuentran las víctimas de este modelo de estafa esperando a que el sistema de Justicia les otorgue un poco de alivio, les ofrezca justicia. Lamentablemente, el sistema de Justicia no está respondiendo con la suficiente celeridad; y por eso los miles de afectados siguen sufriendo las consecuencias del engaño.
El esquema de estafa conocido como mafia de pagarés sigue siendo poniendo a prueba al sistema de Justicia de nuestro país.
Recientemente, integrantes de la Comisión Especial del Senado se reunieron con víctimas en Ciudad del Este cuando recibieron denuncias sobre millones de dólares sobre deudas ya pagadas y canceladas.
Esta vez, los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes y Rubén Velázquez estuvieron acompañados del intendente Daniel Pereira Mujica y acordaron el apoyo de la Municipalidad.
Los legisladores explicaron que en CDE lograron identificar casos diferentes a los ya conocidos. Uno de estos casos involucra a una firma agrícola que, pese a haber cerrado, se presume vendió pagarés por cerca USD 200 millones. Los afectados denunciaron que incluso los documentos se encuentran en poder de una financiera norteamericana que ni está inscripta ni tributa en Paraguay.
En el Este se da otra modalidad de estafa. Al parecer, muchos productores firmaban pagarés como garantía de líneas de crédito y, pese a cancelar sus obligaciones, esos documentos no eran devueltos y terminaban siendo negociados con entidades financieras. “Nos van a dejar en la calle por una deuda que no es nuestra”, lamentó uno de los productores.
Mientras las víctimas aguardan justicia, las personas acusadas siguen intentando beneficiarse con las chicanas. Este sería el caso de la abogada Zully Ortiz, y los propietarios de la empresa Vanessa y Asociados SA, Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva, acusados por asociación criminal y estafa en el caso de mafia de los pagarés. La abogada ya ha logrado suspender tres veces su audiencia.
En este caso, que ya lleva dos años de haberse iniciado, y tras la auditoría de la Corte Suprema hay datos sorprendentes: Había expedientes que no fueron a estadísticas, falta de fiscalización de tasas, notificaciones que se realizan el mismo día y a la misma hora, en distintas localidades, que son las notificaciones de los ujieres, que presuntamente conforman esta rosca.
Así, por ejemplo, se sabe que hay actas diligenciadas en la misma fecha, mismo horario, ciudades distintas; por ejemplo, el 2 de mayo del 2024 un ujier realizó dos notificaciones en Ciudad del Este y una en Minga Guazú, Santa Elena y Capiatá, todas a las 15:00 horas, y otro hizo notificaciones el 12 de marzo del 2023, en San Lorenzo, Asunción, Ciudad del Este y Choré, todas a las 15:30. También hay un caso en que el funcionario hizo un tour: El 10 de enero del 2024, a las 10:30, estuvo en Capiatá; a las 10:40, en Pedro Juan Caballero; a las 12:15, notificó en Presidente Franco; a las 12:20 en Ypané; a las 12:25, en Villeta; y a las 12:30 en Emboscada.
El año pasado fue promulgada la Ley de Saneamiento de los Juicios Ejecutivos, que ordena suspender los embargos cuando los expedientes están desaparecidos. Lamentablemente, según denunciaron algunas víctimas, comenzaron a aparecer varios expedientes en los Juzgados de Paz de San Roque, de Asunción y de Luque, por lo que los descuentos irregulares seguirán, y no se suspenderán los embargos.
De acuerdo con los datos de la Comisión Especial del Senado, un 79% de las víctimas son funcionarios públicos, el 6,1% son jubilados y solo el 9,3% empleados privados. Del 79% de funcionarios, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación.
Pese a los esfuerzos que están poniendo los mismos afectados por la mafia, abogados y algunos parlamentarios, la Justicia está tardando en llegar, mientras aparecen nuevas modalidades de estafa.
Desde que se hizo pública la primera denuncia sobre esta modalidad de estafa hemos conocido los testimonios, terribles y conmovedores, de las víctimas. En sus relatos estos trabajadores, jubilados, maestros y sus familias cuentan que han perdido todo, ahorros y propiedades, en un círculo de horror interminable.
Este esquema de estafa debe ser desmontado y todos sus responsables ser castigados, pues la impunidad de los culpables es un insulto para las víctimas.
