El pedido de auditoría realizado por el titular del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez a la Contraloría General de la República (CGR) obtuvo una respuesta inmediata. La CGR, mediante la Nota N° 5552 con fecha 30 de septiembre de 2025, exigió al Congreso un informe detallado y documentación que justifique la gestión de los US$ 11.000.000 del proyecto de infraestructura financiado por Taiwán. El pedido de Bachi surge tras el escándalo de los audios de la senadora destituida Norma Aquino, alias Yami Nal, en los que hablaba de la repartija de estos fondos entre unos cinco senadores.
El requerimiento de la CGR, firmado por el Subcontralor General, Dr. Augusto José Félix Paiva, se centra en la necesidad de verificar la transparencia de los procesos de contratación, especialmente porque estos fueron exceptuados de la Ley de Contrataciones Públicas.
La Contraloría solicitó una serie de documentos y justificaciones que ponen la lupa sobre cómo se manejaron los US$ 11.000.000, desglosados en US$ 3 millones para redes y US$ 8 millones para obras complementarias y sistemas eléctricos.
Los principales puntos que la CGR exige al Congreso son: Justificación de la Excepción Legal: La Contraloría requiere el “Informe sobre la justificación legal y los documentos que fundamentan la excepción de la ley de Contrataciones Públicas (Ley N° 7021/22) para las licitaciones mencionadas (ID Nros. 4815, 4833, 4834, 4835, 4838)”, pidiendo además los artículos específicos de la legislación vigente que sustentan dicha exclusión. Transparencia de Costos: Se exige el “Detalle de precios referenciales y estudios de mercado” o los “mecanismos alternativos utilizados para asegurar la razonabilidad y la transparencia de los costos de los bienes y servicios adquiridos” en caso de que no existan dichos estudios.
Además del Marco Legal de la Donación, la Contraloría solicitó una “Copia de los documentos de aprobación y marco legal de la donación de los fondos por parte de Taiwán al Congreso Nacional, incluyendo acuerdos, convenios o memorándums de entendimiento”. Y finalmente el Control Interno y Proveedores: El organismo pide identificar a los “proveedores adjudicados”, y solicita un “Informe sobre políticas y procedimientos implementados para prevenir, identificar y gestionar posibles conflictos de intereses” en la contratación. Y como punto central Precios Referenciales: El “Detalle de precios referenciales y estudios de mercado para cada una de las licitaciones identificadas”.
La respuesta de la CGR obliga al Congreso a detallar minuciosamente cómo se gastaron los fondos internacionales, especialmente ante la polémica generada por supuestos manejos irregulares en el seno del Legislativo.
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Pedido de Bachi
En la nota, Bachi solicitó que el organismo contralor realice las verificaciones correspondientes en el marco del compromiso institucional en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo.
El legislador aseguró que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en su carácter de responsable del Sistema Nacional de Suministros Públicos, había asegurado que las contrataciones financiadas con fondos de Taiwán no están sujetas a las reglas habituales de licitación pública.
Menciona que, al no configurarse la onerosidad exigida por la Ley N° 7021/2022, estos recursos quedan comprendidos dentro de la categoría de licitaciones no reguladas.
