Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), que es una plataforma de diversas organizaciones de la sociedad civil, realizaron un posicionamiento público sobre la propuesta de modificaciones de la Ley 6486/20 de Promoción y Protección del Derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción. La propuesta fue presentada por los senadores Basilio Núñez y Lizarella Valiente
En ese sentido, señalaron preocupación ante las modificaciones, ya que además de plantear nuevamente postergaciones de aplicación efectiva de la Ley, introduce el modelo de abrigo institucional, que a nivel mundial y nacional ha demostrado ser inadecuado para el cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes, por producir daños en su desarrollo armónico y privarlos del derecho esencial que es vivir y crecer en familia y comunidad.
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Asimismo, indicaron que una de las pautas en derechos humanos es el principio de no hacer daño y que la propuesta de modificación de la normativa no condice con la realidad de nuestro país ni con el estándar en materia de derechos de niñez y adolescencia, logrado en los últimos 30 años en la legislación nacional, en las políticas públicas y los servicios sociales.
“El Estado tiene una deuda histórica con los cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes que son separados de sus familias por hechos vinculados al maltrato, la violencia e incluso en ocasiones a la pobreza y las drogas. Problemas sociales que son judicializados, cuando en realidad deben crearse y fortalecerse dispositivos de protección social para asegurar que las niñas, niños y adolescentes puedan efectivamente vivir en familia, y sólo en último caso sean separadas de las mismas de modo transitorio”, cuestionaron.
Sobre el punto, revelaron que Paraguay tiene cerca de 38 entidades de abrigo, de las cuales más del 95% están gestionadas por la sociedad civil, sean fundaciones, asociaciones o iglesias, que en su mayoría no reciben fondos públicos para su funcionamiento.
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“Se tiene a más de 800 niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos. Esto tiene un costo promedio de más de G. 3 millones por mes por cada niña, niño y adolescente; que implica alimentación, vestimenta, apoyo psicológico, educación, salud, recreación, entre otros”, detallaron.
Asimismo, expusieron que la mayoría de las entidades de abrigo en el país han ajustado sus infraestructuras, equipos técnicos y programas de atención a lo que indica la nueva ley, con nulo o muy escaso apoyo presupuestario y/o técnico de parte del Estado.
“El Ministerio de la Niñez y Adolescencia necesita tener a 30 nuevos profesionales en la Dirección General de Cuidados Alternativos (Dicuida) y presupuesto para llegar a todo el país, a modo de implementar efectivamente esta Ley”, aseguraron.
También afirmaron que no es serio ni sano, tanto para el país ni para las niñas, niños y adolescente que necesitan medidas especiales de protección, modificar la ley cada cierto tiempo por mero hecho de no poder cumplir los plazos que indica la misma y/o cumplir sus mandatos. “En ambos casos se dan por falta de presupuesto, hecho que es responsabilidad tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”, agregó la organización.
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Por lo tanto, desde la CDIA solicitaron la postergación de su tratamiento, dada la necesidad de tener dictámenes de las instituciones que tienen a su cargo la aplicación de la Ley 6486/20.
“Es necesario el parecer del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otras”, exigieron.
Finalmente, requirieron una audiencia pública con las diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescente y en forma específica de quienes trabajan en programas de cuidados alternativos, como albergues y familias acogedoras.
