De acuerdo con la minuta aprobada por la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, el diputado Robert Acevedo, investido de autoridad delegada por el pueblo, hace de forma mediática ataques personales y atropellos a instituciones y recintos privados, valiéndose inclusive de agentes policiales que tiene como “custodios”.
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Los concejales hicieron el pedido luego de que la semana pasada Acevedo haya insultado a la agente fiscal Katia Uemura a través de la radio Amambay, propiedad del legislador por el Departamento de Amambay.
“Hacemos público el repudio y desaprobación ante las expresiones denigrantes e inaceptables vertidas por el diputado Roberto Acevedo contra la agente fiscal Katia Uemura y manifestamos nuestra plena solidaridad con ella”, señala parte del escrito.
Agrega que los antecedentes demuestran que el parlamentario del PLRA no puede seguir investido de dicha autoridad, por ser “un abusador consuetudinario del cargo que ostenta”.
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Como ejemplo citan que ordenó a una turba atacar al secretario general de la Junta Municipal, Derlis Torres, y que personalmente la encabezó hasta la sede de la Junta Municipal, ordenando atropellar el local, donde procedieron a ingresar por la ventana, además de arrojar objetos contundentes contra los concejales y la sede legislativa municipal.
Añaden que no contento con eso, ordenó a la turba atacar a Derlis Torres desde el baño hasta el patio de la Junta, y lo sometieron a todo tipo de maltrato, insultos y golpes.
También recuerdan cuando encabezó una comitiva para evitar cumplir una orden judicial de desalojo, llegando al lugar maltratando a policías y auxiliares de Justicia.
Además mencionan varios ataques a la sede de la Policía Nacional ordenando liberar a personas, entre otras denuncias. En la nota se indica que el diputado Acevedo, a través de la emisora radial de su propiedad, justificó su accionar.
“Ante las declaraciones de orden sexista e inaceptables del diputado Acevedo, emitidas por radio Amambay, que representan una forma de violencia hacia las mujeres y resultan todavía más graves porque provienen de una autoridad electa por representación popular y en su caracter de tal forma parte de una institución que redacta normas de esta naturaleza, con el afán de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, derrumbar estereotipos e iniciar cambios culturales impostergables para el colectivo de la población fememina, que representa el 50% de la población paraguaya”, repudian el accionar del legislador en otra parte del escrito.
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Los concejales sostienen que este tipo de prácticas provienen de una autoridadd pública que integra el Poder Legislativo, que se desempeñó como parlamentario en ambas cámaras del Congreso y que ocupó el más alto cargo dentro del Senado, por lo cual debería tomar conciencia y dar el ejemplo en el cumplimiento de normas nacionales e internacionales que protegen los derechos y en este caso particular, los derechos humanos de las mujeres.
Indican que el diputado Acevedo no mide las acciones desmoralizantes ni consecuencias para llegar a su objetivo, que generalmente es el de destruir familias o socialmente a alguien, especialmente a sus adversarios políticos o a quienes puedan ser un estorbo para sus intereses personales o económicos de su entorno familiar.
“Mancillar la reputación y el buen nombre de las personas en su radio está siempre a la orden del día y con eso evitan que jueces y fiscales queden sin acción contra estos delincuentes disfrazados de autoridades. Su arma favorita de reacción es desarrollar el psicoterror contra quien sea. Su objetivo es hacer desaparecer, destruir a la víctima, porque sus capacidades o negativa de sometimiento a sus intereses suponen para él una desestabilización sicológica”, añade otra parte de la misiva.
El caso
El jueves de la semana pasada, el diputado Roberto Acevedo calificó con todo tipo de improperios a la fiscala Katia Uemura, luego de que la representante del Ministerio Público haya imputado a un estudiante de Medicina por incumplir la cuarentena sanitaria.
Acevedo utilizó su radioemisora para, además, amenazar a la fiscala con llevar su caso a la Corte Suprema de Justicia.
El accionar del legislador liberal provocó todo tipo de repudio, lo que obligó al diputado a solicitar disculpas públicas por su accionar.
