La normativa amplía la cobertura de la Ley 6725/21, que crea el fondo nacional para la cobertura de gastos para pacientes con Covid-19 internados en la Unidad de Terapia Intensiva.
Esta normativa tiene como objetivo garantizar la cobertura de medicamentos, insumos y/o estudios durante la hospitalización de personas con diagnóstico de coronavirus.
Podrán recibir la cobertura de los beneficios los pacientes que están en establecimientos del Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital de Clínicas y Hospital Militar y Policial, entre otros, como también centros privados en los que los ciudadanos pudieran haber sido derivados por el sistema de Salud Pública.
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Pasos para acogerse a la ley
Un familiar o responsable del paciente deberá enviar una nota al Ministerio de Salud por la que solicita acogerse a la cobertura. Lo puede hacer en mesa de entrada de la sede de la cartera sanitaria o al correogastocero@mspbs.gov.py.
En la nota se debe especificar los nombres y apellidos completos del paciente, número de cédula de identidad y el nombre del sanatorio u hospital privado en el que se encuentra el paciente internado.
Otros datos que deben incluirse son la constancia de internación con fecha y hora de ingreso emitida por el hospital o sanatorio, indicando si es UTI o sala común.
La fecha y hora del ingreso del paciente al hospital deben corresponder con su historia clínica. Asimismo, se deberá detallar la cobertura del seguro o reaseguro médico en el caso que corresponda.
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Finalmente, el gestor deberá hacer constar un número de contacto por el cual se informará sobre el resultado del trámite. En algunos casos, la respuesta se remite directamente al sanatorio privado.
El proceso desde la solicitud hasta su aprobación puede demorar entre 24 a 48 horas, tiempo en el que se cotejan los datos, informó la agencia informativa IP Paraguay.
Para la atención a pacientes internados con cuadros de Covid-19 están vigentes las leyes Gasto Cero y Fondo Nacional UTI.
Se prevé para el efecto reasignaciones de Hacienda de acuerdo con el presupuesto 2021, así como también se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los gastos de los fondos socioambientales de las binacionales.
