Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional se presentaron unos cincos pedidos de informes referentes al acuerdo extrajudicial entre Petropar y Texos Oil, que derivó en la renuncia del procurador general de la República, Sergio Coscia.
Para agilizar el trabajo, la Presidencia de la Bicameral compaginará todos los documentos en un solo pedido de informe dirigido a Petróleos Paraguayos (Petropar) y a la Procuraduría General de la República.
Raúl Latorre, quien preside la Comisión Permanente, señaló que es necesario llegar hasta las últimas instancias para aclarar esta situación, puesto que, de haberse llegado al acuerdo, se habrían comprometido, seriamente, los recursos estatales.
“Es nuestra responsabilidad como parlamentarios ejercer nuestro papel de contralores; en este caso, debe ser una alarma que nos despierte para ejercer un control más intenso en este tipo de procesos, de manera que quienes deben defender al Estado, efectivamente, lo hagan; la renuncia no representa la finalización del proceso”, sostuvo.
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En el mismo tono, la diputada Kattya González rechazó el acuerdo, que ahora ya se encuentra cancelado, e instó a sus colegas a considerar la interpelación al titular de la petrolera estatal, Denis Lichi.
Insistió en que la renuncia de Sergio Coscia al cargo de procurador general de la República no puede significar el fin del caso.
“Hoy deberíamos asumir la decisión de interpelar al presidente de Petropar para que explique a la ciudadanía a cuento de qué firma un acuerdo que iba a significar 7 millones de dólares. Esta renuncia del procurador no puede significar que el Congreso no asuma con responsabilidad la toma de una decisión política”, afirmó
El caso de Texos Oil salió a la luz luego de varias críticas de la clase política sobre un sospechoso acuerdo conciliatorio de carácter extrajudicial, en el que se pautó la entrega de USD 7 millones a la firma argentina, luego de que esta entablara una demanda por un supuesto incumplimiento de contrato.
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El citado acuerdo lleva la firma de Coscia y el presidente de Petropar, Denis Lichi, cuya continuidad al frente de la institución también está en dudas.
Por su parte, el titular de la petrolera estatal publicó los documentos del caso en su defensa para señalar como único responsable al ex procurador. Sin embargo, los escritos también comprueban que la petrolera estatal se adhirió al acuerdo que posteriormente firmó.
Con dichos papeles, Lichi sostiene que el acuerdo fue firmado por Sergio Coscia y advirtió sobre la conveniencia del pacto, atendiendo que primeramente la demanda podría terminar en un pago de USD 31 millones, monto que Texos bajó a USD 12,5 millones durante las negociaciones extrajudiciales, pero que con la contrapropuesta de la Procuraduría General de la República quedó en USD 6,9 millones.
De acuerdo con los documentos, la Procuraduría informó a Petropar que, posterior a su estudio, existe una posibilidad jurídica de que Petropar sea condenado a pagar en al menos tres de los siete rubros demandados.
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En todo momento justificó el actuar de Petropar debido a los riesgos que existían de perder el caso. Pero también quedó evidenciado que la propia Dirección Jurídica de la petrolera estudió la oferta y la refrendó. Incluso Lichi confirmó que la dependencia del ente le informó que la propuesta representaba para el Estado un ahorro de 78%.
Agregó que los mismos documentos difundidos a través de las redes sociales se presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
