Debido a la necesidad de fiscalización de los centros estéticos y privados —que hacen procedimientos quirúrgicos— la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo firmaron ayer un convenio con el objetivo de aunar esfuerzos para el operativo de control.
El superintendente de Salud, doctor Roberto Melgarejo Palacios, y el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, suscribieron este martes el convenio para el trabajo conjunto de fiscalización.
Tanto los planes de fiscalización o el anunciado del operativo Ñemboty, que apunta al cierre de clínicas privadas y estéticas en situación irregular, se fortalecen tras el caso de una mujer de 66 años que falleció tras una lipopapada realizada en una clínica otondológica.
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El objetivo principal es garantizar la calidad, la seguridad y el respeto a los derechos de los usuarios en todo el país, según un comunicado institucional.
“Hoy en día, muchos tratamientos estéticos implican riesgos similares a los de un procedimiento médico. Nuestra labor es garantizar que estos establecimientos operen con quirófanos adecuados, equipamiento certificado y personal altamente capacitado”, explicó el superintendente de Salud.
Añadió que es importante regular tanto las entidades tradicionales de salud como los centros estéticos.
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Para el defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, el convenio amplía el alcance de la protección ofrecida a la ciudadanía, incluyendo sectores sensibles como el de la estética.
“No podemos permitir que los pacientes estén expuestos a riesgos por falta de habilitaciones o profesionales idóneos en centros que realizan procedimientos invasivos. Esta alianza busca prevenir y sancionar cualquier irregularidad”, añadió.
¿En qué consiste la alianza?
La alianza estratégica apunta a erradicar prácticas inseguras y garantizar la calidad en los servicios en los centros estéticos y clínicas privadas, se destacó en el comunicado institucional.
Por ello, ponen énfasis en los centros de estética que realizan tratamientos que requieren quirófanos habilitados y la intervención de profesionales debidamente calificados.
El acuerdo establece lineamientos claves como la fiscalización conjunta. Este trabajo consistirá en la supervisión de hospitales, clínicas, consultorios, centros de estética y cualquier establecimiento que realice procedimientos invasivos.
Además, la regulación de centros estéticos con la verificación de la habilitación de quirófanos, cumplimiento de normas sanitarias y acreditación de profesionales.
En caso de incumplimiento de reglamentaciones, se prevén medidas correctivas como sanciones y clausuras de los establecimientos de salud.
También, realizarán campañas educativas dirigidas a la ciudadanía sobre sus derechos y a los prestadores de servicios sobre sus obligaciones legales.
Desde ambas instituciones hacen un llamado a la población a denunciar cualquier situación que comprometa su seguridad o vulnere sus derechos en servicios de salud o estéticos.
