Rosa Cuenca, la mujer de 70 años a la que le quitaron la casa pese a pagar toda su deuda en la ciudad de Abaí, Caazapá, enfrentará juicio oral en noviembre.
Sin embargo, hasta ahora sigue sin aparecer el expediente del juicio ejecutivo que dio inicio a toda la trama judicial contra ella y sus hijos. La Comisión de la Mafia de Pagarés del Senado habla de muchas irregularidades más.
El juicio oral y público es por invasión e iniciará el próximo 11 de noviembre.
Se le sindica a Rosa y a dos de sus ocho hijos de haber invadido la casa familiar. Esta casa se había rematado por una supuesta deuda de un préstamo que hizo el esposo Juan de Dios Bogarín hace más de 20 años.
Lo grave es que todo lo que prestaron se pagó con los granos de soja que en su propiedad cosecharon.
Ahora, dicha carpeta judicial del juicio ejecutivo –iniciado en el 2017– que terminó con el desalojo, no se encuentra por ningún lado.
No fue localizada ni en el Archivo de los Tribunales ni en el Juzgado, según las verificaciones.
El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión, manifestó que “detrás de cada expediente hay personas y vidas”.
Mencionó que la historia de Rosa no es solo desde la causa que hoy enfrenta, sino que hay que reconstruir el proceso “que terminó con la pérdida de su vivienda”.
¿Por qué es importante encontrar la carpeta? Desde la Comisión confirman que va a esclarecer lo ocurrido, ya que allá figura el préstamo original, los pagarés y los pagos “que, según la familia, se realizaron durante años mediante la entrega de la producción agrícola”.
Irregularidades. A Juan de Dios Bogarín le remató la casa el entonces juez civil Hugo Becker, quien después se encargó de hacer la transferencia judicial de la vivienda, a través de una escritura pública el 28 de diciembre de 2017, representando al hombre.
Lo grave es que Bogarín ya había fallecido el 17 de agosto de ese año, es decir, cuatro meses antes de ser transferida la propiedad.
Desde la Comisión explicaron que si él murió, el juez debía esperar primero la sucesión y la declaratoria de herederos. Pese a eso, el proceso siguió corriendo hasta ejecutarse el desalojo.
El esquema de la mafia de pagarés inició con el juicio oral y de alguna forma esto, junto con las irregularidades, terminó alcanzando al proceso penal por supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno que enfrenta la familia.
El caso. El situación de Rosa Cuenca es terrible. El préstamo que hizo el esposo en el 2003 fue con la empresa productora Tupã Renda, que trabajaba con la Colonizadora San Agustín, que consistía en USD 6.265 (G. 37 millones).
Pagaron por años entregando granos de soja, hasta que entre el 2008 y el 2010 fueron informados de que la deuda estaba saldada.
Años después, el esposo fue demandado por tres pagarés por la Colonizadora San Agustín. Ante la impotencia por el entramado judicial y haber pedido la casa, doña Rosa ya intentó incluso ingerir veneno, pero los hijos la atajaron.
Buscan a presunto falso abogado por extorsión a mujer
La fiscala Blanca Zaracho ordenó la detención de William Alberto Fernández Ramírez, un supuesto abogado que estaría detrás de una grave extorsión a una mujer por una deuda con un comercio. No teniendo parte en el caso, la escrachaba en redes, y la amenazó con publicarla en la página del colegio de su hija menor.
La mujer sería otra víctima de la mafia de pagarés. Ella ya había pagado más de G. 2 millones por un placard que compró en setiembre del 2025 de la casa Torres Comercial por un costo de G. 3.906.000.
Sin embargo, meses antes de completar el pago, se quedó sin trabajo y pidió refinanciación, pero se enteró que su pagaré había sido vendido y casi duplicando el monto de la deuda.
La víctima comenzó a recibir exigencias de abonar sumas muy superiores al precio pactado, según confirmó la fiscala. Llamativamente la deuda pasó de G. 1.600.000 (lo que debía) a G. 6.150.000. Ahí empezaron las publicaciones en redes en contra de ella.
El que le exigía era William Fernández. Se hizo pasar por abogado encargado del cobro y supuestamente advertía que si no pagaba, continuarían las publicaciones en redes, llamadas a familiares y amigos y hasta en la página del colegio de su hija.
Ante esta situación, la mujer decidió hacer la denuncia en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde la fiscala inició las investigaciones.
Algo grave es que William Fernández no aparece como abogado en el registro del Poder Judicial.
Mafia de pagarés: Ex ujier recusa a juez y frena preliminar
La ex ujier Audrey Jazmín Galeano recusó al juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, con lo que se suspendió la preliminar prevista para ayer. La acusada en otro de los casos de la mafia de los pagarés sostiene que existe parcialidad y falta de independencia del juez, porque no tuvo en cuenta el pedido de su defensor que tenía otra audiencia en el Alto Paraná.
La recusación fue presentada por la acusada Galeano, bajo patrocinio del abogado Cristóbal Sánchez, quien señala como causales el artículo 50 inciso 13 del Código Procesal Penal, para requerir la separación del magistrado.
Estigarribia dispuso la suspensión de la audiencia y elevó el informe al Tribunal de Apelación Penal Especializado, que estudiará la recusación planteada por la procesada ex ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación.
Según Galeano, su defensor Guillermo Duarte Cacavelos justificó su imposibilidad de asistencia a la audiencia en la mañana de ayer debido a que fue convocado para otra causa de supuesta estafa y otros ante el Juzgado de Garantías de Ciudad del Este, donde interviene como querellante.
Apunta que la causa es del 2016, por lo que señala que existen plazos de prescripción y duración del proceso que se pueden dar, lo que estaba en conocimiento del juez Estigarribia.
Sin embargo, refiere que el magistrado rechazó el pedido de suspensión con el argumento de que la preliminar que convocó fue notificada antes del proceso tramitado en Ciudad del Este, por lo que lo rechazó.
Dice que es evidente que el juez pretende llevar adelante la audiencia preliminar de cualquier modo, pese a que es su interés que en dicho acto sea representada por Duarte Cacavelos.
Afirma que esto restringe el derecho de la procesada de ser representada por el defensor de su confianza por decisiones estratégicas.
Sostiene que la resolución que rechazó la suspensión de la preliminar fue apelada ante el mismo juez, pero fijó la audiencia para sustanciar el recurso para el día jueves, sin que se suspenda la preliminar del miércoles.
Acota que desde que decide convocar a la audiencia de reposición para el día siguiente cuando que la diligencia que se reclama se hace un día antes, evidencia una animadversión del juez de impulsar este proceso de cualquier modo. Con ello, pide apartar al juez Estigarribia del caso.
