En las ciudades fronterizas del Amambay y Alto Paraná estos delincuentes se mueven con total impunidad debido a la omisión o complicidad de policías y autoridades de esas zonas. También en los últimos años las redes mafiosas del narcotráfico se insertaron con gran fuerza en la capital y zonas aledañas.
El trabajo de inteligencia debe ser fortalecido. Se tiene que incorporar tecnología de punta para dicha labor conforme a las necesidades que requieren las investigaciones y la lucha contra estas bandas. Además, insistir en la capacitación de los agentes de la Policía y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que realizan la investigación primaria de los delitos y para ello seleccionar a personas con el mejor perfil de integridad y predisposición.
Las instituciones de investigación, como las citadas, deben ser potenciadas con más y mejores recursos. El Ministerio Público demanda más fondos para sus tareas, aunque recibió críticas por una deficiente ejecución presupuestaria. Entre las entidades claves para seguir la ruta del dinero está también la Seprelad.
No se tienen que escatimar recursos de parte del Ejecutivo y de los parlamentarios cuando se trata de dar mayores y mejores posibilidades de acción a las instituciones que luchan contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado en general, que traspasan nuestras fronteras. Más aún cuando el dinero público se despilfarra en gastos superfluos. Si se les brinda el presupuesto requerido y no dan de nuevo resultados, que el reclamo sea enérgico.
Además, se debe considerar que las bandas criminales tienen una logística poderosa tanto en hombres, vehículos, armas y contrainteligencia, por lo cual corresponde proveer de los elementos necesarios a las instituciones que las combaten.
Una de las quejas es que existen policías corruptos que no mueven un dedo contra las bandas especialmente de frontera o que el Ministerio Público es tibio cuando se trata de ciertos políticos, por más corruptos que sean.
Sin embargo, existen fiscales excepcionales, como el asesinado Marcelo Pecci, y agentes de la Policía Nacional que abrazaron su trabajo de manera comprometida, y eso se ha demostrado en casos en que peces gordos de la delincuencia fueron detenidos o se incautaron de grandes cargas de cocaína. Jueces que sintonizan estos ideales deben seguir facilitando los procedimientos con sus resoluciones.
La colaboración de acciones e intercambio de informaciones entre entidades estatales de investigación de países de la región y de otros son de gran valor teniendo en cuenta que los grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC) o el Comando Vermelho, que tienen sus orígenes y sus bases en el Brasil, están asentados desde hace décadas también en Paraguay.
Por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia se realiza un trabajo articulado entre este país, EEUU y el nuestro. Este tipo de interacción se debe seguir emulando para avanzar en la lucha contra la criminalidad internacional.
Su muerte, que no debe quedar impune, generó estupor y dolor. La sociedad debe ganar la calle y manifestarse contra los que pretenden instalar el miedo. Sus ex compañeros de colegio, fiscales y jueces marchan esta tarde “por la valentía y el coraje” hasta el Panteón de los Héroes. Piden justicia.
Por el compromiso e integridad de Pecci contra el crimen, tras la llegada del féretro, las autoridades deben rendirle todos los honores.
El magnicidio judicial, como lo califican en Colombia al asesinato, debe ser una causa para redoblar esfuerzos de los que quieren un Paraguay sin mafias y con menos violencia.
