A través de la nota 6.421 la Contraloría General de la República (CGR) solicitó este miércoles un informe a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) por la venta de un contenedor de productos varios que supuestamente es propiedad del ciudadano árabe Ahmad Khalil Chams.
La Contraloría pidió los antecedentes del sumario administrativo, un reporte de la situación actual del sumario, copia del documento legal que avale el valor de la mercadería incautada y una copia de la sentencia de caso, en caso de que haya sido dictada.
Asimismo, exigen a la Aduanas informar si la mercadería incautada a la fecha se encuentra en resguardo de la Administración Nacional de la Aduanas y especificar en qué depósito se encuentra guardada.
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También debe informar si las mercaderías incautadas han sido comercializadas, si fuera así a qué empresa fue vendida y debe adjuntar los antecedentes de la comercialización. Dichos documentos deben ser proveídos en un plazo de cinco días a partir de su recepción.
El 2 de agosto pasado se dio a conocer una nota presentada por el senador Martín Arévalo a la Cámara Alta, sobre la denuncia formulada por el abogado Roberto Rafael Ortiz Villalba, de la empresa que resultó perjudicada. En el documento se alegan “supuestos hechos punibles contra la propiedad y lesión de confianza”.
En el escrito presentado por el abogado Ortiz a la Cámara Alta, solicitando una mediación, se indica que se trata de productos de diversa índole que iban a ser comercializados en Ciudad del Este. En cuanto al valor, se refiere que ascendían a más de USD 3 millones, aproximadamente.
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La denuncia saltó en medio de un enfrentamiento entre el director de la Aduanas, Julio Fernández y el senador oficialista Martín Arevalo, en el que se denunciaron hechos de tráfico de influencia.
Según los datos, el contenedor salió de forma irregular de Aduanas de Encarnación a fines del 2019, y en agosto del 2020, se detectó que gran parte de las mercaderías del contenedor fueron robadas, mientras que el remanente se adjudicó.
La mercadería fue adjudicada por valor de G. 600 millones, a la firma Emeku SA, en el marco de un concurso de precios del que participaron varias empresas.
