La abogada Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, sostuvo a NPY que la decisión del Gobierno de cortar la cooperación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) es un “retroceso” desde todo punto de vista.
Asimismo, sostuvo que se trata de un debilitamiento institucional para la Senad, que en su momento llevó adelante importantes operativos como A Ultranza Py, considerada la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay y que se ejecutó en el 2022, con más de 100 allanamientos, con el objetivo de detener a 43 personas, y con unos USD 100 millones en bienes incautados.
“El crimen organizado es transnacional. La lucha sola, desconectada de la cooperación internacional, es imposible a estas alturas. Las organizaciones que se dedican al narcotráfico funcionan como multinacionales del crimen. Tenemos una ubicación geopolítica demasiado importante, se ha demostrado con A Ultranza cómo en el medio de la hidrovía pasa lo relacionado al narcotráfico”, explicó.
Para la ex ministra, el Gobierno debe ser claro con las explicaciones sobre la suspensión de esta cooperación, ya que las recientes explicaciones del ministro Jalil Rachid, actual cabeza de la Senad, no satisfacen los cuestionamientos. Según Rachid, la intención es “fortalecer” la cartera estatal.
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“El ministro de la Senad decía que la Senad tenía recursos limitados y era optimizar sus recursos ¿Cómo fortalecés una institución con recursos limitados desprendiéndole de los recursos de que te da la cooperación?”, cuestionó Pérez.
Entre tanto, dijo que redireccionar la cooperación de la DEA a la Policía Nacional aumenta con esta disposición los riesgos de filtraciones de información delicada.
Pérez dijo que el primer órgano que trabajó con la DEA fue la Senad y el trabajo con la Policía Nacional fue posterior.
“No podemos entender cómo se fortalece la Senad desplazándole de una cooperación importante. El ministro de la Senad dijo que tenía pocos recursos”, aseguró.
A su vez, manifestó que el crimen trasnacional va a ganar terreno mientras se logra llegar a un nivel óptimo de cooperación con la Policía Nacional.
“Si la hidrovía se convirtió en un camino importante para el tráfico de cocaína hacia Europa, vamos a tener una cruz que se va a formar de manera horizontal con el corredor bioceánico que se va a formar”, expresó.
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Señaló que Paraguay corre el riesgo de quedar en el medio del fuego cruzado de que entren por el océano Pacífico otros grupos o se alíen a los que ya están operando, atendiendo a que la Senad pretendía establecer una unidad de inteligencia sensible en el Chaco.
“Primero, corremos el riesgo de filtraciones, cuando se transfiere información de inteligencia o un trabajo que se estaba realizando de manera hermética. Hay riesgo de filtración y esa filtración va a derivar en la frustración de procedimientos y objetivos”, criticó Pérez.
La disposición del Gobierno de Santiago Peña entrará a regir desde el 2025, según información del Washington Post, medio estadounidense que se hizo eco de esta información, cuando en Paraguay no había una sola comunicación del Estado sobre esta decisión.
El Gobierno de Peña resolvió cortar la cooperación entre la Senad y la DEA y según el oficialismo, se trata de un “redireccionamiento” de esfuerzos hacia la Policía Nacional, pero la medida ha generado críticas.
Incluso, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, afirmó que no estaba al tanto de la reestructuración de la cooperación con la DEA.
DEA había investigado a Cartes
La DEA había investigado al ex presidente de la República, Horacio Cartes, por lavado de dólares y venta de narcóticos, así como por la venta ilícita de tabaco en los Estados Unidos, según un cable diplomático que había sido filtrado por Wikileaks en el 2010.
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Cartes es presidente del Partido Colorado y se lo ve como la persona que realmente gobierna el país, atendiendo a las decisiones que se toman con respecto al manejo del país y la lealtad de los legisladores colorados hacia su persona.
El mandatario Santiago Peña, por su parte, no tiene ningún tipo de fuerza política en solitario y fue apoyado por Cartes en dos ocasiones, incluso, trabajando para él en su banco y desempeñándose como su ministro de Hacienda.
Desde que asumió, Peña ha defendido al ex mandatario y ha tratado de rever sanciones económicas de Estados Unidos contra él y sus empresas.
