La familia Lindstrom denuncia haber sido víctima de un procedimiento arbitrario que derivó en el despojo de su propiedad, en hechos ocurridos entre el 4 y 14 de noviembre. Según el relato de las herederas, el operativo se realizó con apoyo estatal, sin garantías legales y con la presencia de personas armadas ajenas al proceso judicial.
Los antecedentes del conflicto se remontan a 2010, cuando el ciudadano alemán Klaus Smith presentó una demanda contra Luis Lindstrom, quien había trabajado y habitado la finca por más de dos décadas.
La propiedad se encuentra en Horqueta, Departamento de Concepción, y cuenta con 250 hectáreas.
Tras el fallecimiento de Lindstrom en 2013, sus hijas continuaron con la explotación de la propiedad. En el marco judicial, Silvia Lindstrom logró que el expediente fuese declarado caducado por inactividad del accionante, lo que les dio la expectativa de justicia y protección tras años de tragedias familiares.
Cabe recordar que el empresario Luis Lindstrom fue secuestrado por el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el 31 de julio de 2008 y permaneció 40 días en cautiverio, hasta ser liberado tras el pago de un millonario rescate. En el año 2013, fue asesinado cuando se dirigía a la estancia Paso Itá.
El conflicto se recrudeció el 4 de noviembre, cuando Klaus Smith ingresó a la propiedad con un documento judicial firmado por el juez Alberto Panza. La familia asegura que no fue notificada previamente y que la finca no estaba abandonada, sino en rotación de pasturas, práctica habitual en ganadería. Para las Lindstrom, el documento se utilizó de manera “abusiva, extemporánea y absolutamente sorpresiva”.
La familia sostiene que la resolución fue dictada en total indefensión, ya que la ocupación de la propiedad por parte de los Lindstrom es un hecho público y notorio desde hace décadas, conocido por toda la comunidad y también por las autoridades.
“No contamos con el título de propiedad; sin embargo, hemos ostentado la posesión de manera ininterrumpida por más de 30 años. Dicha posesión ha sido reconocida expresamente por el señor Smith, de manera previa había promovido acción de reivindicación sobre el inmueble”, explicó Silvia Lindstrom.
“Ahora y de manera maliciosa, el señor Smith ha solicitado un interdicto sin notificarnos lo que vulnera nuestro derecho a la defensa”, lamentó.
El viernes 14 de noviembre, el fiscal Joel González llegó con una comitiva policial que los presentes estiman en 50 agentes, aunque según los videos revisados por la familia, el despliegue total rodeó los 100 uniformados.
“No existió orden de allanamiento, no existió orden de desalojo. Aun así, el fiscal amenazó con detener a los trabajadores y a mí si no abandonábamos inmediatamente mi propia casa”, expresó Silvia Lindstrom.
Forzados por la presión policial, Silvia y su personal se retiraron dejando animales, maquinarias y pertenencias. Todo quedó en manos del abogado de Smith.
Para la familia, este procedimiento fue “un despojo ejecutado sin ley, sin garantías, sin defensa y utilizando la fuerza pública para consumar un acto absolutamente arbitrario”.
Las Lindstrom describen ese día como “un asalto a mano armada, encubierto en un falso procedimiento fiscal”.
Denuncian presencia de prófugo de la Justicia
La familia denunció que Klaus Smith ingresó al inmueble acompañado por miembros de la familia Olmedo-Urquhart, incluyendo a Rodolfo Urquhart, persona con antecedentes, quien está prófugo luego de protagonizar un asalto al ex diputado Luis Urbieta.
El 15 de noviembre, Amalia Lindstrom fue interceptada en un camino de servidumbre por Rodolfo Urquhart y otro hombre armado, quienes la amenazaron verbalmente para que abandonara la propiedad, según la denuncia.
Silvia Lindstrom indicó que solicitó la intervención judicial ante esta situación, pero el juez Panza rechazó la solicitud, así como también la recusación. “Esto evidencia un interés manifiesto del juez en favorecer el despojo arbitrario”, subrayó.
