“Quiero expresar mi más enérgico repudio y descargo por la actitud de las defensoras públicas , Claudia Vázquez e Ivonne Prats, que han intervenido en los casos en los cuales soy víctima de embargos y descuentos fraudulentos”, cuenta la docente Laura Duarte.
Ella tiene dos juicios en el Juzgado de Paz de Villa Elisa. Uno es por una demanda de la empresa Kofivo SA, firma que ya aparece en la lista de la mafia de los pagarés que hizo el Senado, y otro por una demanda de Iridium Gestiones EAS.
Explica que en el 2024 adquirió un préstamo de Kofivo SA, por G. 2 millones y que le hicieron firmar un pagaré con un duplicado, que recién después se percató que decía “G. 14 millones” y no el monto del dinero adquirido. Finalmente, terminó siendo demandada por ese monto, dos veces por ambas empresas, denunció.
“En estos meses de angustia, desesperación y miseria, recurrí a la Defensoría de Lambaré, buscando ayuda, asistencia y contención. Pero grande fue mi sorpresa al encontrarme con dos personas poco empáticas y poco profesionales”, lamentó la docente.
Los embargos de casi G. 5 millones, más una cuota que tenía con el Banco Nacional de Fomento (BNF) le dejaban con el resto del salario de tan solo G. 400.000, explicó.
Ambas empresas que le demandaron tienen como representante legal a la familia Serna: Raquel y Derlis Serna, y en los dos casos presentaron pagarés por el mismo monto, de G. 14 millones.
Laura Duarte desde el 2024 paga cuotas de G. 2.400.000 en cada caso; es decir G. 4.800.000 de manera mensual. Uno de ellos ya canceló en junio de este año y el otro termina este mes.
Causa de Iridium Gestiones EAS
“Con la desesperación de no encontrar respuestas, recurro a la Defensoría de Lambaré, junto a la Dra. Ivonne Prats. Presento los documentos sobre el juicio ejecutado por la empresa Iridium y ella en su momento no me dio esperanzas”, explica la docente.
Cuenta que la defensora pública le habría recalcado que no había posibilidades de ganar y que sí podría cuestionar la firma del pagaré, “que haría atrasar el juicio, pero que si salía que era mi firma la jueza iba a hacer un recargo de multa por atrasar en vano”, explica.
Ahora la docente cuenta con un abogado particular. Él se ofreció “de forma desinteresada en acompañarme y nos encontramos con la sorpresa de que el juicio estaba caducado y que habían muchísimas irregularidades, que dicha defensora ni se percató”, cuestiona.
Causa de Kofivo SA
También, en la Defensoría de Lambaré, a cargo de la defensora pública Claudia Vázquez, cayó otra causa, de Kofivo SA. La profesora Laura Duarte denunció que varias veces intentó ver cómo avanzaba el expediente y que no encontraba respuestas.
“Ella me llama y me dice que yo me quejé y que iba a abandonar mi caso… Ella empieza a maltratarme. Me dice ‘no soy perito, pero es idéntico a tu firma’, cuando se supone que ella tiene que defenderme. También le mostré otra irregularidad en el pagaré, pero no le dio importancia”, denuncia.
Dice que a pesar de haber presentado sus pruebas, las defensoras demostraron supuestamente una falta de empatía. “La lentitud y la ineficacia en el manejo de mi caso han generado un sufrimiento”, finaliza la docente.
Desde la Defensoría dan su versión
Desde la Defensoría Pública, sin embargo, explicaron que se cumplió “de manera diligente, oportuna y ajustada a derecho” la asistencia jurídica a la docente.
En la causa de Iridium Gestiones EAS mencionaron que se constató, por ejemplo, que el expediente cuenta con firmas similares a las de Laura Duarte en diversas cédulas de notificación y que se encaminó “adecuadamente la actuación institucional”, hasta que la profesora ya tuvo su abogado particular.
Ya en el juicio de Kofivo SA, se determinó que la docente no es víctima de la mafia de los pagarés, ya que ella misma habría admitido haber sido notificada para hacer el reconocimiento de firmas en sus pagarés, pero que no se presentó y que tampoco justificó el por qué no hizo.
A raíz de esta denuncia, ambas defensoras públicas fueron investigadas por la Dirección de Auditoría de Gestión Misional, que concluyó, el mismo día, que el trabajo “fue diligente, profesional y plenamente conforme a derecho” y que la docente no es supuestamente víctima de la mafia de los pagarés.
