La agente fiscal Patricia Sánchez, interviniente en una causa por producción mediata y uso de documento público de contenido falso contra el legislador Hernán Rivas, puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado un hecho que, por su naturaleza, podría afectar el ejercicio independiente de la función fiscal.
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Según lo comunicado, en fecha 30 de marzo del corriente año, la agente fiscal habría recibido a través de una fuente, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, un mensaje atribuido a un senador nacional, dirigido específicamente a su persona.
“En el mensaje se haría referencia a eventuales consecuencias sobre su permanencia en el cargo en caso de interponer un recurso en una causa penal de interés del mencionado legislador. Esta situación podría configurar, prima facie, un acto de amedrentamiento orientado a condicionar el ejercicio de sus facultades procesales”, señalaron desde el Ministerio Público.
Ante estos hechos, el fiscal general del Estado dispuso la inmediata articulación de las medidas institucionales correspondientes en el marco del Protocolo para la Protección y Seguridad de Fiscales, Funcionarios y Servidores de los Ministerios Públicos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
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Los mecanismos previstos en dicho instrumento incluyen la evaluación de riesgo, la adopción de medidas de protección y el resguardo institucional pertinente, conforme a los principios de celeridad, confidencialidad, proporcionalidad y coordinación.
Las acciones tienen por finalidad garantizar el ejercicio de la función fiscal con seguridad, independencia y libertad de criterio.
La Fiscalía General del Estado dispuso también la reserva de las actuaciones y el tratamiento institucional del caso dentro del marco de protección aplicable, atendiendo a la naturaleza del hecho comunicado y a la necesidad de preservar la integridad funcional de la agente fiscal, así como la confidencialidad inherente al caso.
El Ministerio Público podría recurrir aún a un recurso de casación o una acción de inconstitucionalidad en la causa, atendiendo a que se buscaba en el juicio demostrar el uso del título, presuntamente falsificado.
El caso Rivas
La Cámara de Apelaciones, integrada por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, decidió revocar la resolución que envió a juicio oral al senador colorado Hernán Rivas.
Alegaron que prescribió el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso (la falsificación) y, por ende, no puede existir el tipo penal de uso de documentos públicos de contenido falso.
Según la resolución, “el hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, prescribió el 9 de junio de 2023 (hace tres años)”.
La fiscala Patricia Sánchez le imputó el 18 de enero de 2024, “es decir, cuando el mismo ya había prescripto”, según el Tribunal.
¿Cuál era la sospecha del Ministerio Público?
La Fiscalía acusó al senador Hernán Rivas de haber presentado un certificado de estudios expedido el 12 de mayo del 2018 y un título otorgado por la Universidad Sudamericana el 9 de junio del 2020, los cuales supuestamente acreditan que cursó la carrera entre el 2010 y el 2015. Ambas documentaciones, sin embargo, serían falsas.
Presentando estos documentos, juró como abogado el 7 de julio del 2021 y lo hizo ante la entonces ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica (hoy fallecida). “Se valió de un certificado de estudios y de un título que no se ajustan a la realidad, puesto que no cursó la carrera de Derecho y, a través de ellos, logró jurar ante la Corte como abogado y obtuvo la emisión de su matrícula”, dijeron las fiscalas.
Según la Fiscalía, ese título falso le habría ayudado a acceder al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
