La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Eugenio Jiménez Rolón, rechazó la excepción de inconstitucionalidad planteada por las defensas de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, contra un artículo del Código Aduanero para no ser juzgados por contrabando.
Ahora hay vía libre para dictar sentencia en el juicio oral, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
🔹️#CasoImedic La Corte rechazó la excepción de inconstitucionalidad planteada por las defensas de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira contra un artículo del Código Aduanero para no ser juzgados por contrabando. Ahora, hay vía libre para dictar sentencia en el juicio oral pic.twitter.com/J1TA1I3FH6
— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) October 13, 2023
La excepción de inconstitucionalidad fue planteada el 17 de abril pasado cuando la causa penal se encontraba ya en los inicios del juicio oral y público.
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“En ese orden de ideas y hecho el cómputo del tiempo transcurrido entre la procedencia, de fecha 11 de febrero de 2021, por la que se puso a disposición de las partes lo actuado, incluyendo la invocación de la norma cuestionada, y el escrito de interposición de la presente excepción, surge que esta última fue opuesta fuera del plazo establecido en la ley procesal penal”, refiere el documento.
Además explica que, en consecuencia, corresponde rechazar la excepción de inconstitucionalidad opuesta por los abogados César Alfonso y Marcio Battilana, en representación de Patricia Ferreira y Justo Ferreira, por su notoria extemporaneidad.
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Los Ferreira están procesados por supuestos hechos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Además, en el caso están acusados Guillermo Andrés Molina y Gustavo Adolfo Acosta, ambos funcionarios de Aduanas; y Carlos Alberto Gamarra.
Camas en pandemia
La Fiscalía acusa a Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira porque la firma Insumos Médicos SA (Imedic) debía proveer 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, sin que las mismas cuenten con la autorización técnica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) ni la documentación legal para traerlas.
La empresa fue adjudicada por valor de G. 47.952.500.000 y debía proveer al Ministerio de Salud equipos e insumos médicos que llegaron al aeropuerto y no fueron recibidos.
