El sumario administrativo contra la empresa Insumos Médicos SA (Imedic SA) prueba que la importación de las camas hospitalarias se realizó sin un permiso previo de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), conforme resaltó la Fiscalía en el juicio oral por la causa.
En el caso, Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, de Imedic SA, están acusados por los presuntos delitos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
En el mismo proceso penal, están acusados el despachante aduanero Carlos Gamarra y Guillermo Molinas, y Gustavo Adolfo Acosta Acosta, estos últimos funcionarios de Aduanas, por los mismos hechos.
Ante los jueces Elsa García, Juan Pablo Mendoza y Yolanda Portillo continuó el desarrollo de las pruebas documentales.
Entre ellos, los fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera resaltaron el sumario administrativo realizado en la Dirección Nacional de Aduanas en contra de la empresa de los procesados.
En el sumario, se determinó que no podía haber una importación sin un permiso previo de la Dinavisa, lo que no tenían las camas hospitalarias que también vinieron en el vuelo que traía los insumos para la pandemia.
Dentro de la producción de pruebas, los fiscales en varias oportunidades puntualizaron que las camas no tenían un registro sanitario, por lo que respalda la acusación sostenida por el representante de la sociedad.
DIFERENCIAS. Además, los agentes también señalaron que tanto Aduanas como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) concluyeron que hubo importantes diferencias en los montos de los valores de las 50 camas hospitalarias.
Para los fiscales, esta documentación producida en el juicio oral respalda la acusación del Ministerio Público en lo que respecta a los hechos punibles investigados.
La causa se abrió como consecuencia de la compra de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia en el año 2020.
Específicamente, investiga la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas, que no tenían la autorización técnica de la Dinavisa, lo que hizo que las mismas fueran rechazadas por el Ministerio de Salud.
Los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza fijaron la continuidad del juicio oral para los procesados para el próximo 16 de agosto.
Fue adjudicada en la pandemia por Covid-19
En el caso, la empresa Insumos Médicos SA fue adjudicada por el importe total de G. 47.952.500.000 para proveer al Ministerio de Salud equipos e insumos médicos que llegaron al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y no fueron recibidos.
Es en torno al caso que se investiga sobre la adquisición por la vía de excepción de insumos y equipos médicos para la contingencia de emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid-19.
Los principales acusados son Justo Rubén Ferreira Servián y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini y otras cinco personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Se habla de un supuesto fraude al Estado.
