Tras ganar las elecciones del 21 de abril y asumir la Presidencia de la República el 15 de agosto, Horacio Cartes logró imponer en el Congreso las propuestas realizadas por el Poder Ejecutivo para ejecutar sus políticas de Gobierno.
Es así, que con solo 40 días de mandato, marca un precedente que hasta el momento ningún otro Gobierno alcanzó desde la caída de la dictadura.
En poco más de un mes, el Congreso sancionó las modificaciones a la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, mientras que el Senado, el pasado jueves, otorgó media sanción a la ley de responsabilidad fiscal, y ese mismo día aprobó con modificaciones el proyecto conocido como Alianza Público-Privada.
El senador colorado Derlis Osorio resaltó la importancia de haber consensuado los proyectos. “Creo que esas leyes son importantes para desarrollar el programa de Gobierno”, afirmó a ULTIMAHORA.COM. Agregó que son normativas “innovadoras” que busca generar inversiones.
Por su parte, la senadora liberal Zulma Gómez indicó que se debe a una buena comunicación que el presidente tiene con los legisladores y principalmente con la bancada colorada.
Recordó que el presidente Federico Franco también logró la aprobación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) en poco tiempo. Consideró que la comunicación es importante y que el expresidente Nicanor Duarte Frutos también lo tuvo en los primeros dos años.
“La base de todo es el diálogo que él (Horacio Cartes) tiene y que el Congreso comprenda la necesidad de aprobar leyes que ayuden al país”, indicó la legisladora.
A pocos días de haber tomado el bastón presidencial, al mandatario se le presentó su primer desafío con el ataque atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en una estancia del departamento de San Pedro, donde cinco personas fueron asesinadas.
Ante ese hecho, Cartes pidió al Congreso Nacional la modificación de la normativa 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Los legisladores le dieron trámite de urgencia y en 48 horas sancionaron la propuesta.
Ley de responsabilidad fiscal
El segundo desafío para Cartes fue el de convencer a los legisladores sobre importancia de aprobar una ley de responsabilidad fiscal. Al principio, algunos parlamentarios se mostraron renuentes a la propuesta y abogaron por un acuerdo político que fue rechazado por el jefe de Estado.
Los legisladores sostenían que algunos artículos eran inconstitucionales y tras una ardua negociación con el Ejecutivo lograron consensuar una normativa con modificaciones que fue presentada al Congreso, y el pasado jueves, la Cámara de Senadores le otorgó media sanción y fue remitida a la Cámara de Diputados.
Ley de Alianza Público-Privada
Otra de la propuesta abogadas por el Ejecutivo fue la ley e promoción de la inversión en infraestructura pública, más conocido como “Alianza Público-Privada”. Esta normativa fue rechaza por varios senadores y al momento de ser debatida generó varias polémicas.
Al tener sanción ficta el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el jueves pasado, el Senado primeramente convocó a una extraordinaria el martes pasado y fue aprobada en forma general, pero al momento de tratar en forma particular la sesión quedó sin cuórum. En un segundo intento, se convocó a otra extraordinaria el pasado jueves y con un número ajustado se logró analizar la ley y fue aprobada con modificaciones.
Senadores del Frente Guasu, Partido Democrático Progresista (PDP) y algunos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hicieron el vacío al no estar de acuerdo.
¿Qué dicen las leyes?
Con la modificación a la normativa 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna se otorga amplias facultades al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas en el combate contra grupos armados.
El documento sancionado dará prerrogativas al titular del Ejecutivo para ordenar acciones militares, sin necesidad de que el Congreso declare un estado de excepción.
Con la ley de responsabilidad fiscal se busca reducir el déficit fiscal que va en aumento y también mejorar el uso del dinero proveniente de los impuestos pagados por los contribuyentes.
Mientras que la Alianza Público-Privada estipula que el Estado podrá firmar contratos para realizar obras en alianza con el sector privado. Es decir, la administración contratante encarga a un inversionista privado el diseño y/o construcción de una infraestructura y sus servicios asociados.
El proyecto presentado por el Ejecutivo busca dar mayor participación al sector privado en las obras públicas y además construir en forma más inmediata.
