Juan Andrés Cardozo
Filósofo
Aún no aprendimos que sin capacidad no se puede conformar un buen gobierno. Tampoco asumimos que con los conservadores intergeneracionales en el poder es imposible realizar los cambios estructurales necesarios. Y peor aún, ni el discurso y la propaganda bastan, ya que se carece de la metodología de la acción social. Sin ciencia de la sociedad no hay teoría social transdisciplinar. Igual, sin ciencia política se es incapaz para acceder a una teoría del Estado o a las formas legítimas del poder.
La democracia sin capacidad se disuelve en decepciones. Solo se falsean sus formalidades. Los mejores recursos de un país no son sus materias primas, sino los talentos humanos. Pero a condición de que posean las capacidades de pensar y de hacer, así como la inteligencia para el pensamiento estratégico, la innovación permanente y la racionalidad crítica. Mas este capital social requiere un buen gobierno. Bueno, en el sentido de eficiente, idóneo, justo y con una formación intelectual adecuada. Interdisciplinaria y con evolución sin pausa. No anacrónica ni reaccionaria.
Max Weber ya advertía que un buen gobierno no se improvisa. En cierta forma, reconocía la teoría platónica de la insustituible sabiduría, así como la afirmación de Aristóteles de que sin conocimiento de la Política y de la Ética jamás se puede constituir un gobierno justo. Y hoy, Niklas Luhmann aclara que la confianza, fundamental para el ejercicio del poder, depende de la inteligencia racional del gobierno. De su gestión sociogenerativa de progreso y bien-estar sin exclusiones.
Esta inteligencia no es la habilidad para la simulación, expresada en una precaria imposición para ganar votos, aparentar liderazgo u obtener puestos importantes. Según la moderna biología, los seres humanos nos distinguimos por nuestra inteligencia, no para la supervivencia y adaptación de nuestra singular especie, sino para crear obras y a través del conocimiento científico y filosófico modificar el mundo, incluso conocer la misma condición humana.
MÁS ALLÁ DEL CONDUCTISMO Y EL PRAGMATISMO
Para el conductismo utilitarista, la inteligencia se define como la simple capacidad de intuir la realidad y aprovecharse de su mutante situación. Pero Habermas y Karl-Otto-Apel coinciden en desmistificar esa pseudointeligencia. Ya era, en la filosofía primera, la categoría del logos, la razón. Y, luego, para las ciencias modernas, el conjunto procesal del entendimiento, la inteligibilidad, la explicación causal de los problemas y las teorías lógicas de las verdades universales. Además, la inteligencia es también la cognición adquisitiva del ser humano para construir, vivir en el mundo de la cultura, de la civilización, de la sabiduría y del debate público.
Pero tanto la inteligencia como la capacidad no están aseguradas por el credencialismo. Gell-Mann ha demostrado que el fracaso de la competitividad proviene de la sacralización moderna de los títulos y de la fama de las universidades. Los estudios son absolutamente indispensables, pero solo sirven con la demostración socialmente valorada del talento, la dedicación, el trabajo, la disciplina y la inferencia lógica. Y a propósito, Noam Chosky señaló que la mayoría de los expertos latinoamericanos, que se formaron en universidades anglosajonas, son los preferidos de los gobiernos que, en calidad de tecnócratas o de la intelligentsia, amplían las desigualdades con fórmulas, repeticiones y dogmatismos extraños a sus realidades.
Esto no quiere decir, en modo alguno, que nosotros podemos prescindir de la inteligencia, el conocimiento y la integridad para tener un buen gobierno. Solo indica, como exige la ciencia, la delimitación conceptual que define, e ilumina, para identificar las cosas. La sabiduría no es una ilusión. Es la distinción, profundamente humana, que con pretensión de verdades y de todo descubrimiento posible hacemos para formular preguntas capaces de responder a las complejidades siempre problemáticas.
A encaminarnos, entonces, hacia una nueva etapa para que la educación reflexiva, autopoeítica y emancipativa pueda ser en los gobiernos y en la totalidad de los ciudadanos la prioridad vívida de la inteligencia, el conocimiento y la solidaridad. El aprender a pensar críticamente es el requisito fundamental, pero también el saber-hacer, renovante y originario.
SIN ENGAÑOS NI SIMULACIONES
¿Cuál es la fórmula de un buen gobierno o de una administración eficiente? Esta es la pregunta que se formularon los filósofos de la modernidad y hasta un Rancière de la posmodernidad. Y es la interrogante que abruma a los sistemas democráticos, ya sean de países desarrollados, emergentes o en desarrollo. Pues la tendencia política se desentiende del problema, pero no la Ciencia Política. Esta, porque su obligación es establecer reglas universalmente válidas y para una vigencia de larga duración.
La pregunta es también –y más dramáticamente– imperativa para nosotros. La política asimismo no se preocupa de ese inquirir angustiante, distorsionada por su ambición unívoca de poder. Luchar por el gobierno, con los medios que fueren, es un fin más megalómano que contribución para un buen gobierno.
La estrategia política se ha dejado llevar por la percepción de la “realidad” que por la objetividad de lo real. El enmascaramiento de la percepción petrifica la realidad, pero su desfigurada apariencia no demora en desvanecerse. Pues las ideas que no se rinden a aceptar “las cosas como son”, cambian una y otra vez la realidad.
La idea de lo real, al igual que de la verdad, no es estática. Tampoco subjetiva.
Y es la experiencia histórica no asimilada por los políticos neófitos.
Por eso no sorprende que los simuladores –hábiles políticos, ambiciosos profesionales y pseudocalificados técnicos– alcancen posiciones que requieren capacidad, eficiencia y conocimiento en los altos cargos y funciones jerárquicas en el gobierno. Esta simulación afecta y sobrevive incluso en los gobiernos de los países desarrollados. Pero como los resultados no se pueden presentar como simple percepción de la realidad, varios países se vieron obligados a adoptar métodos de selección y de reprobación para que la eficiencia no sea escamoteada por la apariencia engañosa.
En la esfera de la representación se viene aplicando el principio de la performatividad. Pero es compleja y exige una opinión pública crítica y una ciudadanía con cultura ideopolítica. Se evalúa y califica la performance del gobierno. Como la estabilidad política es importante, se apela a las presiones para que los poderes del Estado se esmeren en mejorar sus funciones o integren, incluso en los órganos no electivos, equipos más competentes. Así la competitividad se ha instalado también en la Administración pública.
Se extraen y recuperan de los enmohecidos cajones los principios de que “el poder reside en la voluntad ciudadana”. Se lo “delega”, pero no se lo “enajena”. Se vota por un gobierno para la República, pero no para un partido ni para una minoría. Y un buen gobierno es aquel que genera prosperidad y bienestar para todos, aparte de sujetarse a la ley. Además, se reenfatiza la idea de que la representación “debe merecerse la confianza del pueblo y justificarse cada día al servicio del bien común, en caso contrario se deslegitima”.
Estos son los principios que en la actualidad se anteponen a la repartición partidaria del poder o ante el ubicuo pragmatismo. En particular, cuando la política no sucumbe ante la mediocridad y la corrupción.
A una nueva cultura y una nueva juridicidad –emergentes con el ciberespacio– le son indispensables que los principios axiológicos y deontológicos impregnen la política. La cultura de la capacidad y la ética de una inteligencia coherente son las condiciones más confiables para suplantar a la simulación, a la astucia engañosa. La lógica dice que no es posible el cambio de la estructura económica y social si no lo lidera ejemplarmente la superestructura política. Y ese cambio supone que la dirección del Estado, y los de sus distintos órganos, tienen que ser conducida por la capacidad y la inteligencia. De lo contrario, naufragaremos ante el “asalto a la razón”.
