Varias cámaras de comercio y gremios, tales como UIP, Capro, Cerneco, Comampar, Asepy, SIP, CNCSP y Capasu, así como la regional Alas, expresaron su preocupación por la reciente suspensión de toda una cadena de minimercados en Paraguay.
Todas las entidades mostraron su acuerdo en los controles sanitarios, pero consideraron “desproporcionada” la forma de aplicación de las sanciones, y piden que se respeten los procedimientos legales.
En ese sentido, la Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (Capro) también se sumó a los cuestionamientos a la decisión de la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
“Respaldamos plenamente los controles sanitarios y coincidimos en que la salud pública debe ser siempre la máxima prioridad. Rechazamos la presencia de productos vencidos y consideramos necesario que las empresas extremen sus mecanismos de control para evitar que esto ocurra”, señalaron desde Capro.
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Sin embargo, ven con preocupación la medida adoptada de cerrar de manera total y simultánea toda la cadena pueda resultar desproporcionada en relación con los hallazgos, ya que impacta directamente en cientos de trabajadores, proveedores y en la economía local.
“Instamos a que se busquen alternativas que garanticen la seguridad alimentaria sin generar un perjuicio generalizado a quienes dependen de esta actividad”, recalcaron, además de pedir al Gobierno que también controle a los locales de venta en la vía pública y los comercios ilegales.
Comunicado de la Asociación de Las Américas de Supermercados
Asimismo, desde la Asociación de Las Américas de Supermercados (Alas) reafirmaron su compromiso con la defensa de las libertades económicas, el respeto al libre mercado y la seguridad jurídica, pilares esenciales para el desarrollo de las economías y el bienestar social.
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“Hacemos un llamado a los gobiernos de la región, y en especial al de Paraguay, para que la proporcionalidad, la no intervención y la igualdad de condiciones entre los actores de mercado sean principios sagrados en la toma de decisiones”, recalcaron.
Comunicado de Cerneco
El Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco) manifestó su profunda sorpresa y enérgico rechazo ante la disposición de cierre de las instalaciones y tiendas de conveniencia Biggie, ejecutada por Sedeco y Dinavisa.
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“De confirmarse los hechos denunciados y manifestados por las autoridades, preocupa que las normas y leyes aplicadas en este caso resulten desproporcionadas e injustas, alejándose del espíritu de equidad y del marco garantista establecido por la Constitución Nacional”, recalcaron.
Comunicado de Comampar
La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) reconoce que la labor de control y fiscalización que realizan las instituciones del Estado es fundamental para garantizar que los consumidores reciban productos seguros, de calidad y en condiciones óptimas. Estos procedimientos son necesarios para fortalecer la confianza ciudadana en el mercado y para promover buenas prácticas en toda la cadena de comercialización.
No obstante, subraya que tales controles deben llevarse a cabo dentro del debido proceso, asegurando que las acciones de fiscalización se ajusten a la normativa vigente y se realicen con criterios técnicos y objetivos.
“El sector privado necesita previsibilidad para poder desarrollarse, realizar inversiones sostenidas, generar empleo formal y aportar al crecimiento económico del país”, recalca.
Comunicado de Emprendedores del Paraguay
Desde la Asociación de Emprendedores de Paraguay (ASEPY) expresaron también preocupación ante la reciente suspensión temporal de operaciones a una cadena de minimercados.
“Como gremio que representa a emprendedores de todos los sectores y tamaños, creemos que toda medida debe proteger al consumidor y velar por la seguridad sanitaria, pero al mismo tiempo respetar el debido proceso en toda posible sanción administrativa, evitando impactos desmedidos en la empresa, sus empleados, proveedores y clientes. Una sanción arbitraria y de gran alcance puede generar un efecto negativo en la confianza empresarial y en el clima de inversiones”, expresaron.
Postura de la Sociedad Interamericana de Prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este miércoles al Gobierno de Paraguay transparencia en su orden de cerrar los 263 locales de BiggieExpress, una cadena del Grupo Azeta, que también posee el diario ABC Color y la televisora ABC.
La organización, con sede en Miami (EEUU), se pronunció tras una editorial en la que el periódico tachó la medida de un “feroz apriete para acallar un medio de comunicación”.
Comunicado de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) también expresó su preocupación por el anuncio de suspensión temporal de una cadena de minimercados, con cerca de 200 sucursales en todo el país, efectuado de manera conjunta por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).
En ese sentido, instaron a las autoridades de aplicación a mantener sus actuaciones dentro del marco de la ley, pues lo contrario vulnera principios constitucionales como el derecho a la propiedad, al trabajo y a la defensa en juicio, poniendo en riesgo la seguridad jurídica imprescindible para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas.
Comunicado de Capasu y la UIP
Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) calificaron, a través de comunicados, que la sanción para la cadena de minimercados es desproporcionada, pero pidieron que se proteja al consumidor sin comprometer el empleo ni la estabilidad económica.
La UIP aboga por un equilibrio en la aplicación de sanciones, con criterios de proporcionalidad, enfoque correctivo y comunicación responsable, evitando impactos negativos en el empleo, las inversiones y las cadenas de valor.
Comunicado de la cadena de minimercados afectada
La cadena de minimercados se pronunció tras la suspensión temporal que ordenó el Gobierno por la venta de productos vencidos y reetiquetados, cuya medida afecta a sus 260 sucursales en todo el país.
“Hoy nos enfrentamos a una decisión del Gobierno que, además de ser desproporcional, atenta contra las garantías jurídicas y los derechos constitucionales que protegen la libre competencia, la actividad empresarial y el trabajo digno”.
