La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres Poderes del Estado, de las Gobernaciones y Municipios” durante la sesión extraordinaria realizada este martes.
En principio el proyecto también alcanzaba a las municipalidades y gobernaciones, pero pedido del colorado cartista Basilio Bachi Núñez, se excluyó a los mismos de la disposición. El documento pasó al Senado para su estudio.
De esta manera, se prohíben la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los Poderes del Estado (Diputados, Senadores, parlasurianos y directores de todas las dependencias nacionales y binacionales) y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
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También se incluye a las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado y las municipalidades, en todas sus modalidades, como medida de racionalización del gasto público. Esta medida será de carácter permanente.
La propuesta fue planteada por la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González. “Bajo ningún criterio que se entienda por racional los privilegios a las autoridades de cualquier índole deben continuar vigentes, y más en lo que hace a la asignación de cupos de combustible en medio de una crisis sin precedentes en los últimos años, donde el precio se ha disparado llegando a superar los 10.000 G. por litro”, argumentó la parlamentaria en su exposición de motivo.
Aseguro que el hecho de que estas asignaciones continúen vigentes es el producto de una conducta “que supura obscenidad” hacia una ciudadanía que mantiene a cuestas a este Estado elefantiásico que solo se reconoce como tal cuando de asignar privilegios se trata.
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Este proyecto compite con otro similar aprobado en la Cámara de Senadores el pasado 21 de abril, con el cual también se prohíbe la asignación de combustible a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado, incluyendo a las gobernaciones y municipalidades.
A sugerencia del senador Sergio Godoy, se dispuso un doble cerrojo a la ley que contempla que “en ningún caso de traslado a lugar de trabajo se considerará dentro de la presente excepción”. El proyecto debe ser estudiando en la Cámara de Diputados.
Los vales de combustible de todas las instituciones estatales volvieron a ser entregados a las autoridades luego de la derogación de la ley que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles y establecía un subsidio a los precios de Petropar.
