Estamos prácticamente a finales de octubre y nos acercamos al cierre del año con un total de 22 feminicidios registrados. Si consideramos que tenemos leyes y protocolos, debemos entender que cada muerte representa una falla del sistema. Aún hacen falta mucho compromiso y esfuerzo para construir una sociedad en la que todas y todos sean iguales y vivan con derechos y dignidad.
La muerte de María Agustina Gill Correa, quien fue encontrada en su casa en la compañía Jhugua Ñaro, de Itá, Departamento Central, con heridas de cuchillo, sería el feminicidio número 22 del año.
De acuerdo con los datos de años anteriores, en 2024 se reportaron 31 víctimas de feminicidios y 52 tentativas; mientras que el 2025 cerró con un total de 37 casos de feminicidio y 55 tentativas. Las 22 víctimas de este 2026, sumadas las 28 tentativas, representan la derrota de nuestro sistema.
Uno de los casos más recientes, el de la joven de 22 años Deisy Paola, conmocionó a la población y generó indignación en gran parte, porque se dio a conocer un video que mostraba cómo ocurrió el ataque.
En horas de la noche, Deisy Paola iba caminando rumbo al minimercado donde trabaja en el turno noche cuando fue emboscada por su ex pareja Aldo Duarte (26). Este iba manejando un vehículo color blanco, paró en la calle, descendió del vehículo y corrió tras la joven, luego la persiguió e hizo tres disparos contra ella, y su cuerpo quedó abandonado en una esquina.
¿Cómo es posible que una mujer que recientemente había denunciado a su ex pareja y pidió protección, terminara asesinada?
Posteriormente se dio a conocer el hecho de que la joven había obtenido una orden de alejamiento del Juzgado de la ciudad de Capiatá. Días antes había hecho una denuncia sobre un supuesto caso de lesión grave de parte de su ex pareja.
Entonces es cuando surge una pregunta muy válida: ¿Por qué el Estado y la sociedad siempre llegan tarde? Varias expertas han señalado que las medidas cautelares no sirven si no vienen acompañadas de un seguimiento real del Estado, si el Estado no garantiza la seguridad e integridad de las mujeres que realizan las denuncias entonces seguiremos lamentando muertes. Y, como afirmaba una ex ministra de la Mujer Liliana Zayas: “Cuando la mujer hace la denuncia es cuando más peligro corre su vida. Ahí es donde el Estado debe estar”.
Uno de los aspectos sobre el cual se debe insistir y subrayar es que se hace urgente una respuesta más rápida y eficiente de las autoridades. Por eso se afirma que la muerte de una mujer en manos de un varón machista es una derrota para todas las instituciones.
Es sabido que los hechos de violencia tienen un gran impacto social, sobre todo cuando afectan a mujeres y niños. Por esto, en nuestro país sigue siendo un desafío en términos de la defensa de los derechos humanos. Aquí es donde se debe enfatizar la necesidad de que las instituciones y, en particular, la de la Justicia, Fiscalía y las fuerzas del orden sean más eficientes. sin duda, es grande la responsabilidad del Estado y también es importante lo que la sociedad pueda hacer para evitar que siga avanzando esta epidemia.
A eso precisamente apunta un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Educación a derogar la Resolución 29664/2017 como parte de la iniciativa para prevenir la violencia contra las mujeres y los feminicidios.
La conocida como Resolución Riera había entrado en vigencia en el 2017 cuando el ahora ministro del Interior, Enrique Riera, se desempeñaba como ministro de Educación. El documento destaca que la legislación asigna a Educación las obligaciones concretas en el ámbito de la prevención con la incorporación de la perspectiva de igualdad de derechos del hombre y la mujer, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos, así también le impone revisar y actualizar libros de textos y materiales didácticos utilizados en el sistema educativo con la finalidad de fomentar la igualdad de derechos y oportunidades.
Lo que pretende evitar la declaración de Diputados, de ser aprobada, es que nada desaliente el abordaje en las escuelas, de contenidos sobre igualdad, estereotipos, prevención y detección de la violencia, que la Ley 5777 ordena aplicar.
La cultura machista será cambiada desde cada hogar, pero también desde la educación; porque sin un compromiso serio de todos no se podrá construir una sociedad respetuosa con todos los que la componen, y que sea capaz de reconocer los derechos e igualdad para todos.
