Uno de los aspectos que resalta del caso de la senadora Zenaida Delgado, quien fuera denunciada por pedido de peaje a sus funcionarias contratadas, además del abuso de poder, es una lección que queda para la ciudadanía. Aquí vemos, como en tantos otros casos, que la clase política considera a las instituciones del Estado como si fueran una empresa de su propiedad.
El trabajo periodístico realizado por el equipo de investigación del multimedio ha develado un esquema sistemático de cobros irregulares e intimidación, el cual se habría estado desarrollando en la Cámara de Senadores y bajo la acción directa de una senadora, Zenaida Delgado. Así lo han denunciado varias funcionarias.
La senadora había llegado al legislativo de la mano del partido Cruzada Nacional, que había postulado a la presidencia a Paraguayo Cubas (2023-2028). Sin embargo, el quiebre llegó muy pronto y se dio durante la elección de la Mesa Directiva del Congreso, cuando Delgado votó por el colorado cartista Silvio Beto Ovelar para la presidencia de la Cámara Alta. Luego, la ex pareja de la senadora irrumpió en su vivienda para reclamarle su apoyo a Honor Colorado y además del escándalo posterior en el que hace una denuncia por supuesta violencia familiar y se hace popular en un video donde le decía a su pareja que: “No tiene nada que justificarle” a él “ni al puto pueblo”; la senadora se presentó en el local de la ANR, Partido Colorado, para saludar a Horacio Cartes en el día de su cumpleaños. Después de que Cartes en 2023 fuera declarado significativamente corrupto por Estados Unidos, la senadora aseguró que se mantendría como independiente, aunque siempre estuvo del lado cartista.
Zenaida Delgado es, en rigor, una persona que abandona una organización política o empresarial para colaborar con el contrario, o sea una tránsfuga. Nada raro en nuestro ambiente político, donde el transfuguismo tiene una larga tradición.
Esta vez, sin embargo, la suerte ya no la acompaña a la senadora cartista, pues a juzgar por las graves denuncias de varias funcionarias y la reacción de la Mesa Directiva del Senado, estaría muy cerca de la pérdida de investidura.
La denuncia actual de las funcionarias expone un sistema de cobro de peajes mensuales por contratos y exigencias de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos en Senadores.
En una entrevista exclusiva para el equipo de investigación de Radio Monumental, las funcionarias relataron que son presionadas con insistentes solicitudes de dinero de parte de la senadora e incluso afirmaron ser obligadas a contraer préstamos millonarios, gestionados por la propia senadora para poder recibir el dinero por los nombramientos.
Según las funcionarias denunciantes, el mecanismo tiene dos etapas: La entrega periódica de una parte de las bonificaciones salariales y, posteriormente, el pago de sumas millonarias para acceder a un nombramiento permanente.
El esquema afectaría a una veintena de funcionarios y quienes no cumplen con las cuotas por sus nombramientos, o se niegan a endeudarse, son desvinculados.
El sistema permite que la senadora vuelva a generar un cupo vacante y con eso se reinicie el ciclo de cobro por un nuevo contratado.
Parece relevante mencionar que hace un año hubo una denuncia de las senadoras Yolanda Paredes (PCN) y Celeste Amarilla (PLRA). Dijeron que el caso había sido comunicado tanto a la presidencia del Poder Legislativo, a cargo de Basilio Bachi Núñez (ANR-HC) y también al Ministerio Público.
Las senadoras de la oposición hablaban de un esquema para cobrar parte de los salarios de los funcionarios que se encontraban al servicio de la senadora oficialista.
“Es el famoso peaje que se cobraba. Yo te meto en esta función pública y vos me das una parte de tu sueldo. Una extorsión miserable al funcionario y explica un poco por qué le consiguen sueldos de G. 12 millones, G. 14 millones. Porque cualquier funcionario de los nuestros, ganan G. 4 millones”, explicaron. La denuncia de las funcionarias no debe quedar en la nada es hora de que la Fiscalía actúe. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ya acordó ayer, en una rápida reacción para tomar distancia de Zenaida Delgado, la pérdida de investidura de la senadora, y ya se comenzaría a trabajar en el libelo acusatorio. Pero debe quedar claro que con la pérdida de investidura no se reparará el daño que se ha hecho a uno de los poderes del Estado.
