Resultaría ocioso mostrar asombro o indignación ante el caso de la senadora que presuntamente cobraba peaje a funcionarias, si el enojo no nos llevara a reflexionar sobre la práctica que ya lleva décadas: El considerar que el Estado, todas sus instituciones y sus recursos son bienes a disposición del partido para el beneficio particular de un grupo privilegiado.
La política paraguaya, autoridades y funcionarios han poblado la realidad del país con numerosas anécdotas a lo largo de estos años. Y quedan –lamentablemente– en la categoría de anécdotas porque pocas veces ha habido justicia cuando aquel que fue electo para servir al país, cruza impunemente la línea que divide lo público de lo privado, y reivindica el derecho al uso irrestricto de los recursos del Estado para fines personales, de la familia, o de un grupo político en particular.
Es la visión patrimonialista del Estado; un sistema en el que no hay distinción entre los bienes públicos y privados, y quien esté en el poder utiliza los recursos como si fueran suyos.
El caso que hoy concita la atención social es el de Zenaida Delgado , y que podría culminar hoy con una pérdida de investidura, por presunto uso indebido de influencias. Una serie de denuncias apuntan a un presunto esquema de cobros ilegales desde el mismo despacho de la senadora.
A propósito, relataba el historiador Herib Caballero que en la época Colonial estaba prohibido al gobernador contraer matrimonio con una súbdita de su jurisdicción para evitar vinculación con las familias locales; y señalaba que esta habría sido una de las causas de la Revolución de los Comuneros contra el gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, que se había casado con una asuncena. Por esto, después los gobernadores se valían de terceras personas como testaferras para comerciar algunas actividades que por leyes les estaban prohibidas. Posteriormente, cerca de los principios del siglo XX casi pudimos contar con la primera ley del servicio de la administración pública que se vio truncada por la Guerra del Chaco. Después de ello, se inicia la hegemonía colorada y el proceso se consolida en la dictadura de Stroessner, reforzando la visión de que el Estado pertenece a un determinado grupo político. Esta visión del Estado y sus recursos a disposición de un partido político, de autoridades y funcionarios se manifiesta a diario, el de la senadora Delgado es el caso más reciente. Como por ejemplo, debemos mencionar que todavía la Asociación Nacional Republicana, ANR, ocupa desde hace décadas predios municipales que debían ser destinados a plazas y en donde debía haber una plaza sigue estando una Seccional. Otro caso, el año pasado, el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, había admitido haber dado uso particular a un vehículo institucional que le fue proveído por la Senabico.
Asimismo, se debe citar a Salma Agüero, ministra de la Juventud, quien usó su posición para promover una campaña de afiliación al Partido Colorado, dirigida precisamente a la franja que es objetivo de su cartera, durante el lanzamiento de un programa gubernamental denominado “Emplea Py Joven”, que impulsaba el primer empleo en empresas privadas, y el Estado se hace cargo del pago de IPS.
Uno de los puntos más altos en cuanto a la promoción de aquella visión patrimonialista lo dio en plena campaña, en 2023, el presidente Santiago Peña, cuando advirtió en un discurso electoral que los cargos en la función pública se obtienen gracias al Partido Colorado, y no por tener títulos, o ser “guapitos”.
Finalmente, un punto muy alto lo dieron hace un par de años en el Parlamento cuando se develaron varios casos de nepotismo. El escándalo de los nepobabies exhibió la impudicia con la que las autoridades electas utilizan sus cargos e influencia para ubicar a su progenie; todo esto mientras miles de jóvenes paraguayos no tienen oportunidades de acceder a salud, educación o empleo digno, a diferencia de la hija del vicepresidente de la República la que por varios años recibió un salario de G. 18 millones, al igual que varios hijos e hijas de diputados colorados y liberales.
Si como país aspiramos a un futuro con desarrollo y bienestar, a convertirnos en un país moderno, debemos cambiar esta visión. Los recursos del Estado, el dinero público, el presupuesto, no son una posibilidad de enriquecimiento ni los contratos públicos son para obtener beneficios para los amigos ni la función pública una agencia de empleo, porque el empleo en el sector público, sea como autoridad electa o como funcionario, es fundamentalmente un servicio.
