El Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero es la garantía de un derecho humano fundamental. Es al mismo tiempo, un compromiso ético intergeneracional y una de las inversiones públicas de mayor retorno económico para el presente y el futuro del país. No obstante, la legitimidad y la efectividad del programa dependen de la transparencia de la gestión; de eliminar la corrupción, democratizar las compras públicas y garantizar competencia para lograr los menores costos y la mayor calidad posible.
La Constitución de 1992 establece la protección integral de la niñez y la obligación del Estado de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo pleno. El derecho a la alimentación se encuentra consagrado en este mismo instrumento y respaldado por tratados internacionales.
Más allá de la condición jurídica, la ciencia económica ha demostrado suficientemente que la alimentación en las escuelas constituye una política de capital humano con retornos extraordinarios.
Por eso países desarrollados como Finlandia, Sucia, Reino Unido, Corea del Sur, Japón cuentan con este programa.
Paraguay transita actualmente por el bono demográfico. No obstante, el bono demográfico no produce desarrollo por el mero hecho de existir; requiere que la juventud ingrese al mercado de trabajo con capacidades plenas.
La desnutrición infantil y la malnutrición generan pérdidas irreversibles en el desarrollo neuronal, traducidas en menor rendimiento académico, mayor deserción escolar y, en la adultez, una penalización en la productividad laboral y en los ingresos.
Estudios de organismos multilaterales estiman que cada dólar invertido en programas de alimentación escolar de calidad puede generar un retorno económico de entre 3 y 10 dólares en términos de mayor productividad laboral, mejores ingresos futuros y menores costos en salud pública.
La sostenibilidad fiscal y el crecimiento de largo plazo de Paraguay dependen de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, por eso garantizarles una buena alimentación es la primera vía para crear una fuerza laboral productiva y competitiva.
En Paraguay, la realidad del mercado laboral muestra que una vasta proporción de las familias sobrevive con ingresos medios que apenas alcanzan un salario mínimo, un monto insuficiente para cubrir holgadamente una canasta básica familiar y costear la crianza.
Cuatro de cada diez hogares tienen jefatura femenina, y presentan una estructura monoparental. En estas familias, la carga del cuidado y el sostenimiento económico recaen exclusivamente sobre la mujer, configurando un escenario de alta vulnerabilidad. El costo de la nutrición y el desarrollo de la infancia perpetua la trampa de la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad.
Por ello, es justo y socialmente eficiente que una buena nutrición sea una responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad a través de las arcas públicas. He ahí la importancia de Hambre Cero, pero la legitimidad y la efectividad del programa dependen de la transparencia de la gestión; de eliminar la corrupción, democratizar las compras públicas y garantizar competencia para lograr la mayor calidad posible.
Para que esta importante inversión rinda los frutos esperados, el programa debe operar bajo rigurosas condiciones de transparencia, eficiencia, calidad nutricional e integridad. No se puede tolerar que recursos destinados a la niñez y adolescencia sean desviados, dilapidados o capturados por esquemas de corrupción.
La concentración del mercado en manos de un oligopolio de contratistas es inaceptable. Cuando las compras públicas son capturadas por una red reducida de grandes proveedores, el beneficio económico se concentra sin efectos multiplicadores en el resto de la económica y se encarece el programa.
La legitimidad y la efectividad del Programa dependen de la capacidad del Estado para blindarlo de la corrupción y democratizar las compras públicas para garantizar competencia y eficiencia.
El Gobierno debe ser capaz de romper las roscas oligopólicas y apostar por la transparencia, única forma de asegurar que cada guaraní invertido se traduzca en nutrición para la niñez y desarrollo para el país.
