Según la Constitución Nacional, el pueblo ejerce el poder público a través del sufragio; elige a las autoridades que administrarán el país a través de los poderes del Estado. Estas autoridades tienen la tarea de hacer posible que la población alcance condiciones de vida dignas. Aquí es donde nuestra clase política está aplazada, porque le falta el enfoque del compromiso por el bien común.
La razón de ser del Estado es la búsqueda del bien común. La meta es que toda la comunidad alcance niveles de vida dignos, a nivel social, económico y cultural. Para hacer eso posible, la sociedad se organiza, la comunidad elige autoridades que –como dice nuestra Constitución Nacional– ejercen el poder público, pero siempre en representación del pueblo.
Es precisamente este enfoque el que está ausente en nuestro país, cuando evaluamos la tarea de la clase política, de las autoridades y funcionarios. Este hecho se hace muy notorio si observamos y tomamos nota de las más recientes denuncias realizadas a través de los medios de comunicación.
Una de ellas se refiere a Eddie Jara, ex presidente de Petróleos Paraguayos SA (Petropar), y su ex esposa Karina Otazú, quienes fueron imputados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscala Yeimy Adle había imputado al ex titular de la petrolera y a su ex pareja porque no pudo justificar la suma de G. 5.399.450.612, con lo que indica que existirían delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación en marcha, hasta el momento, el ex presidente de Petropar no pudo justificar G. 5.399 millones, monto que representa el 97% de su patrimonio. Los ingresos prácticamente eran absorbidos por sus egresos. La investigación se había originado en la denuncia presentada por la Contraloría General de la República, en marzo del 2026, donde se puso a conocimiento de la Fiscalía que a raíz de una denuncia ingresada en el portal de denuncias ciudadanas, a partir de ahí se inicia el examen de correspondencia sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el funcionario.
Otro caso más reciente es el de una senadora, vale decir, una integrante del Poder Legislativo. Se trata de Zenaida Delgado, sobre quien todavía pesa el riesgo de una pérdida de investidura, por presunto uso indebido de influencias. Esto se debe a una serie de denuncias que apuntan a un presunto esquema de cobros ilegales desde el mismo despacho de la senadora.
Varias funcionarias denunciaron un presunto esquema de cobros ilegales en el despacho de la senadora; según los testimonios, la legisladora exige que sus funcionarios le transfieran la totalidad de las bonificaciones y pagos de hasta G. 100 millones para acceder a un nombramiento. Las acusaciones también apuntan a préstamos gestionados por la propia legisladora para asegurarse la recaudación, un mecanismo que, según las denunciantes, convierte los cargos públicos en una fuente de millonarios ingresos ilegales.
Lamentablemente, el Congreso Nacional con los años sigue acumulando privilegios, desde la impunidad de diputados y senadores para faltar a las sesiones y dejar sin cuórum, el único día de la semana que deben presentarse y trabajar, pasando por la posibilidad de utilizar el Parlamento como agencia de empleo para sus hijos, esposas y correligionarios, y autoasignarse ingresos de más de G. 37.000.000, mientras debaten si los médicos se merecen ganar un salario digno.
Estos son los hechos que se cuestionan a la clase política, a las autoridades electas y funcionarios. Como recientemente cuestionaba el obispo auxiliar de Asunción, monseñor Gabriel Escobar, que el poder, el dinero y la influencia no pueden estar por encima del bien común. “El Paraguay no pertenece exclusivamente a quienes tienen poder, dinero o influencia”.
Señalaba monseñor Escobar que la corrupción, el uso indebido de los bienes públicos y la falta de transparencia perjudican especialmente a los sectores más vulnerables. “No podemos permanecer indiferentes ante la corrupción, el uso indebido de los bienes públicos, la impunidad, la falta de transparencia y las desigualdades que debilitan la confianza entre los ciudadanos”. Y advirtió también que la utilización del poder para favorecer intereses particulares, grupos políticos o allegados va en contra precisamente del bien común. Porque el bien común no es beneficiar a los propios, sino garantizar condiciones dignas para todos. “No consiste en favorecer solamente a los nuestros, a los sociocuete, a nuestro grupo, a nuestro partido o a quienes piensan como nosotros”.
