La Constitución Nacional dice claramente que el genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. Sin embargo, poco han hecho los gobiernos en democracia por la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura stronista. Esta es una deuda, y es un infame olvido.
La dictadura de Alfredo Stroessner dejó al Paraguay una pesada carga; cuando el dictador se fue quedaron la falta de conciencia cívica, desigualdades y una corrupción endémica. Se reconquistaron derechos y libertades, pero todavía quedan numerosos desafíos.
Uno de estos desafíos es lograr superar la terrible indiferencia de los sucesivos gobiernos de la democracia por la búsqueda y el hallazgo de los desaparecidos de la dictadura. Porque una de las grandes deudas es la falta de construcción de la memoria de este pasado tan reciente.
Sabemos que los crímenes de Stroessner son demasiados. El dictador coartó las libertades, y en el Paraguay durante 35 años se violaron los derechos humanos, hubo secuestros y detenciones ilegales, se torturó, asesinó, exilió y se hizo desaparecer a compatriotas. La Comisión Verdad y Justicia, creada en 2003, entregó un informe en ocho tomos donde se reportan las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; un relatorio de la crueldad y tratos inhumanos cometidos contra paraguayos y paraguayas. Según este reporte, la dictadura dejó una secuela de 425 desaparecidos, detuvo ilegal y arbitrariamente a casi 20.000 personas y forzó el exilio de más de 20.814 paraguayos.
En 1992, una nueva Constitución estableció en su artículo 5 que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que el genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, son imprescriptibles.
Precisamente es la búsqueda de los desaparecidos una de las más grandes deudas que tienen los gobiernos de la democracia. De hecho que nuestro país es uno de los más rezagados respecto a la búsqueda e identificación de las víctimas de la dictadura.
En esta tarea destaca, a pesar de todo, una persona que ha venido realizando la tarea. Se trata de Rogelio Goiburú, quien está al frente de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Es hijo del médico desaparecido, Agustín Goiburú, y dirige una oficina que prácticamente carece de funcionarios y de presupuesto. La búsqueda en estos años se ha estado llevando adelante por el empeño y tozudez de Goiburú, quien ha ido avanzando gracias a la cooperación internacional.
Recientemente estuvieron excavando en el Cementerio del Este, en Asunción, en busca de los restos del doctor Agustín Goiburú y de otras personas desaparecidas durante la dictadura; la intervención se basó en testimonios y estudios de prospección del suelo que identificaron posibles restos humanos en el sitio. Según explicaron, para elegir el punto de excavación, se realizaron investigaciones y se tomaron testimonios del secuestro y desaparición de Agustín Goiburú en 1977 en el marco del Plan Cóndor, cuando fue detenido en Argentina y luego trasladado a Paraguay. La búsqueda se realizó mediante el financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Asistencia Financiera y Técnica para la Aplicación del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, y antropólogos de la Universidad Estatal de Arizona realizaron los procesos previos de prospección del suelo.
Para Naciones Unidas, la desaparición forzada se usa como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Hace 12 años, el Estado paraguayo reconoció públicamente haber violado los derechos a la libertad personal, la integridad y la vida en perjuicio de Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello, Rodrigo y Benjamín Ramírez Villalba, conciudadanos detenidos, torturados y desaparecidos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner; en la ocasión durante un acto oficial, Alicia Pucheta había pedido disculpas a los familiares de Goiburú, Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La búsqueda de desaparecidos de la dictadura es una obligación del Estado, igual que mantener la memoria de las injusticias y atrocidades cometidas, para que la historia no se vuelva a repetir.
