Gabriel Escobar, jefe de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue convocado por la cancillería y recibido por la secretaria para Norteamérica de la cancillería, María Luisa Escorel, quien le manifestó la “protesta” del Gobierno brasileño por lo que fue calificado de “intromisión indebida” en asuntos internos, informaron fuentes oficiales.
Escorel reforzó en la reunión que “no le cabe a Estados Unidos manifestarse sobre asuntos internos” que solo la competen al Poder Judicial de Brasil.
La nota que provocó la convocatoria de Escobar afirma que “Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios de Estados Unidos” y que “la persecución política contra él, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil”.
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También refuerza “la declaración del presidente Trump”, dice que la embajada sigue “de cerca esa situación” y que “no comenta sobre próximas acciones del Departamento de Estado en relación a casos específicos”.
La nota siguió el tono adoptado por Trump en un mensaje que publicó el pasado lunes en su red Truth Social.
“Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil - se llama una elección-. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!”, escribió.
Sostuvo además que “Brasil está tratando de forma terrible al expresidente Jair Bolsonaro” y dijo que ha “observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!”, afirmó.
Ese mensaje de Trump motivó una inmediata respuesta del jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le dio carácter institucional al asunto y reaccionó mediante una nota oficial de la Presidencia.
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“La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, afirmó Lula.
Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cuando coincidió durante dos años con el primer mandato de Trump, está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula, tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.
Esa trama, según la Fiscalía, desembocó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.
El juicio cursa en la Corte Suprema, que el mes pasado concluyó la fase de instrucción del juicio, que se prevé que quedará listo para sentencia entre septiembre y octubre próximos.
Fuente: EFE.
