La decisión, que cumple promesas de campaña del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, supone un giro en la política nacional que deja en suspenso procesos que avanzaron hasta la concentración y dejación de armas de integrantes de algunas organizaciones armadas.
“Se acabó la falsa paz”, escribió en X De la Espriella: “En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”.
La decisión afecta las mesas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), así como los espacios de conversación sociojurídica con grupos de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Uno de los casos que ilustra las consecuencias del cambio de estrategia es el de los Comandos de Frontera, grupo que hace parte de la CNEB, cuyos miembros avanzaron durante el Gobierno Petro en un proceso de desarme que llevó a 99 de sus integrantes a concentrarse en junio pasado en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio del Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo (sur), en la frontera con Ecuador.
Ese espacio había sido creado precisamente para facilitar el tránsito de los integrantes de la organización hacia la vida civil y contaba con mecanismos de monitoreo y acompañamiento institucional, pero De la Espriella ordenó su cierre mediante la Resolución 389 de 2026, con el 30 de septiembre como fecha límite para su desmonte.
El caso de Putumayo contrasta con la decisión general anunciada este viernes, que responde a la valoración del nuevo Gobierno de que los procesos de diálogo y los mecanismos heredados “no produjeron avances suficientes” en materia de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.
SE ACABÓ LA FALSA PAZ.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026
En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas.
Durante cuatro años se gastaron más de $7.000… pic.twitter.com/1SORDJUXou
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El Gobierno también anunció el cierre de los espacios de negociación con los grupos mencionados y defendió que quienes manifiesten una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán acogerse a la Justicia, mientras que aquellos que continúen ejerciendo violencia contra la población “serán enfrentados por la fuerza pública”.
Impugnar la “paz total”
De la Espriella llegó a la Presidencia colombiana con, entre otras promesas, la de confrontar con dureza a guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados y de delincuentes en el país, impugnando en el fondo y en la forma la política de ‘paz total’ de su predecesor.
El presidente ha abogado en su escaso mes en el cargo en aplicar “mano de hierro” a estos grupos y afrontarlos con toda la fuerza “de las armas y de las leyes de la República”.
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Durante el Gobierno anterior, estos procesos supusieron -según la Administración de De la Espriella- un importante despliegue institucional y económico cercano a los 7.000 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares) representados en pagos de honorarios de voceros, representantes y negociadores, “sin contar los gastos asociados a seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros costos”.
El giro anunciado por De la Espriella supone así el abandono de la ‘paz total’ que caracterizó al Gobierno de Petro y su sustitución por un modelo basado en el sometimiento individual a la justicia y en una mayor presión militar sobre las organizaciones que mantengan las armas.
Fuente: Esneyder Negrete/EFE.
