29 mar. 2024

Aún no hay pruebas para sostener acusación a empresaria, dice fiscal

El fiscal Francisco Cabrera dijo que desde el sobreseimiento de la empresaria Liz Paola Doldán, no hay pruebas para sostener una acusación por los supuestos hechos de lavado de dinero, contrabando y asociación criminal. La misma fue sancionada por EEUU por ser supuestamente parte de un esquema de corrupción.

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El fiscal Francisco Cabrera explicó que todavía no pudieron recabar elementos que demuestren que existió lavado de dinero, contrabando y asociación criminal, en la investigación contra la empresaria Liz Paola Doldán González.

Foto: Gentileza.

Liz Paola Doldán González, una empresaria paraguaya que se dedica a la venta de electrónica, fue sancionada por el Gobierno de los Estados Unidos por ser supuestamente “parte de un esquema de corrupción que fomenta la proliferación del crimen organizado”.

De acuerdo con la investigación, Doldán trabaja como intermediaria para importar productos, en su mayoría artículos electrónicos, desde los Estados Unidos. La mujer habría usado para llevar productos desde Miami, Florida, a Paraguay y hacerlos ver como de menor costo y por ello declarar menos impuesto.

Lea más: SET sostiene que existen vínculos entre Kassem y Liz Paola Doldán

En Paraguay fue procesada como supuesto cerebro del esquema de evasión de impuestos en la compra de teléfonos celulares de alta gama, pero fue sobreseída en el 2020. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de nuestro país, la mujer estaría involucrada en un esquema de evasión de impuestos por valor de USD 678.300.678, desde el 2014 hasta mayo de 2019.

El fiscal Francisco Cabrera explicó en conversación con Monumental 1080 AM que todavía no pudieron recabar elementos que demuestren que existió lavado de dinero, contrabando y asociación criminal. Dijo que las diligencias de los informes “están ya finiquitadas” y lo que falta es el análisis técnico, “que podría dar una certeza y una conclusión”.

Aseguró que los indicios existen y existieron desde el inicio de la imputación, en el sentido de que hay elementos que pueden tener la sospecha de lo que pudo haber acontecido y que claramente estos indicios son insuficientes a nivel probatorio para sostener una acusación.

Explicó que desde noviembre del 2020 a la fecha, “no encontraron pruebas de forma certera y con el grado de convicción para sostener una acusación” y que las diligencias se continúan realizando y la causa todavía no está cerrada.

Calcula que en el periodo de un mes podrían realizar todas las diligencias pendientes en la pesquisa. Esto depende del contador o del analista técnico para realizar el análisis de la información recabada, aseguró el fiscal.

No hallaron vinculación con Kassem Mohamad Hijazi

El fiscal aseguró que no encontraron vinculación entre Liz Paola Doldán González y el ciudadano Kassem Mohamad Hijazi, detenido con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

“Categóricamente, no, en el sentido de algún grado de participación sobre algún hecho punible, sí algunas de las empresas del conglomerado que eran seis tienen movimientos comerciales con esta firma, pero a nivel interno, se hace una compraventa, de las cuales se factura y se declara todo pero a nivel interno, son compras nacionales, una vez que los productos ya se encontraban importados y estaban en el territorio nacional”, explicó.

Mencionó que de la hipótesis inicial y de los documentos que tenían “no encontraron una vinculación concreta” y que Estados Unidos hasta ahora solamente procesó a Hijazi y la determinaron a ella “como una asociada” al esquema y no abrieron ninguna investigación, ni hay orden de detención contra ella hasta el momento.

Antecedentes del caso

La causa contra Liz Paola Doldán se inició a través de un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en el cual accedieron al detalle de importaciones desde los Estados Unidos e hicieron una comparación con el detalle de exportaciones en el Paraguay. En base a esa comparación, saltaba una diferencia de montos entre los productos importados y exportados.

En su momento se detectó como un grupo de seis empresas, que tendrían una vinculación entre sí, se realizó un allanamiento a las empresas y se inició una investigación.

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La SET además analizó las facturas incautadas y otras documentaciones que fueron requeridas por el Ministerio Público, producto del pedido de informe, con relación al traslado y detalles de facturas ante la transportadora.

“Luego de esa fiscalización surgieron los montos que habrían evadido las empresas, producto de la investigación también salió que los montos en algunos casos sí eran importantes y en otros, considerando las empresas, no tenían tanto movimiento comercial o por lo menos las declaraciones que hacían se comparecían con la detallada, con las originales”, agregó.

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Dijo que consideraron dar una salida a la causa, primero señalando a los procesados que debían arreglar su situación tributaria y así lo hicieron, en algunos casos realizaron el pago completo cuando la suma no era muy elevada y en algunos casos pidieron el fraccionamiento del pago de la evasión, más la multa.

Comentó que en algunas de las empresas propusieron una salida alternativa y en otras presentaron acusación, en una solicitaron sobreseimiento provisional porque consideraron que faltaron algunos elementos para cerrar bien la causa. Explicó que para el lavado de dinero se necesitan hechos precedentes y al no poder cerrar la causa por evasión, que sería el hecho que se había señalada en la imputación, es “imposible construir” la conducta de lavado con estos elementos.

El representante del Ministerio Público mencionó que el juez José Agustín Delmás consideró que faltaban diligencias o que no se adecuaba a la salida propuesta y la fiscala adjunta Soledad Machuca consideró que existen diligencias que se pueden realizar todavía.

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