El atentado contra el Puesto Policial N° 4 de Naranjito en el distrito de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, donde perdieron la vida dos agentes policiales y un civil, atribuido por el Gobierno al EPP, exhibe la precariedad de nuestras instituciones y su fragilidad. Es un Estado que no ha podido resolver tres secuestros, la inseguridad ciudadana ni el avance del crimen organizado.
Para el Gobierno, el ataque al puesto policial de Naranjito, en Canindeyú, fue perpetrado por miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Según el ministro del Interior, las pruebas de balística determinaron la autoría de la banda armada.
“Casquillos de bala levantados en la escena coinciden con la bala utilizada en la Comisaría de Ybyrarobaná en mayo del año pasado”, explicó el ministro, refiriendo a un ataque ocurrido el 3 de mayo de 2025, cuando hombres armados dispararon contra la sede policial.
De acuerdo con la versión oficial, el hecho se trata de una reagrupación liderada por Ernesto Daniel Villalba Meza, alias Osvaldito, hijo del fallecido Osvaldo Villalba y su pareja, Magna Meza. Según las autoridades, el joven tendría alrededor de 20 años y vino a Paraguay para liderar una nueva generación de la banda armada que opera en el Norte.
Inicialmente, las sospechas apuntaban al clan criminal de Felipe Santiago Acosta, alias Macho, porque su organización –fuertemente arraigada en el Departamento de Canindeyú–, había sufrido recientemente la incautación de 9 toneladas de marihuana y el desmantelamiento de sus campamentos logísticos durante operativos antidrogas.
El suceso no solamente viene a contradecir el por demás elogioso informe del presidente ante el Congreso Nacional en el que manifestó que se desplegó una “mayor presencia policial en las calles, mejor entrenados y equipados, con una misión clara: Convertirse en un escudo para las familias paraguayas y perseguir a los delincuentes, estén donde estén”.
Este reciente ataque también ha desnudado la situación de precariedad en la que trabajan los agentes. Se hace notoria la condición de vulnerabilidad del puesto policial de Naranjito, en Ybyrarobaná, donde no solo los delincuentes ejecutaron a sangre fría a dos policías y a un civil, sino que destruyeron por completo la frágil instalación. El lugar contaba con techo de zinc y paredes de madera y habitaciones separadas por un espacio central abierto, del tipo de construcción tradicional culata jovái. El lugar quedó destruido en poco tiempo.
El Estado paraguayo se enfrenta a una grave cuan complicada situación en el ámbito de la seguridad. No puede lidiar con la violencia urbana que afecta a la población a diario, la cual –según las encuestas nacionales de victimización– afecta la vida de los ciudadanos, en el sentido de que más del 50% de la población paraguaya cree que será víctima de un delito en los próximos meses, lo cual genera miedo y limita las actividades y la vida en general.
Por otra parte, es preocupante este “resurgir” del EPP, precisamente cuando el mismo presidente Santiago Peña en su último reciente informe al Congreso Nacional ha ignorado a los tres secuestrados por estos delincuentes: Hace 12 años fue secuestrado el suboficial Edelio Morínigo, hace diez años fue secuestrado el ganadero Félix Urbieta y el 9 de septiembre de 2020 fue secuestrado Óscar Denis. Pese a los millones de dólares destinados a mantener la Fuerza de Tarea Conjunta durante años; una fuerza que puede haber cambiado su denominación, lo que no logra ocultar sus magros resultados, ya que no han cesado los ataques a puestos policiales ni tampoco el Gobierno ha dado respuestas a las atribuladas familias de los tres secuestrados.
Nuestras instituciones de seguridad a menudo quedan como inoperantes cuando se producen los ataques de alguna de las gavillas asaltabancos, como sucedió recientemente en Naranjal y Santa Rita, donde un cuasiejército de asaltantes, fuertemente armados y hábiles con los explosivos se llevó millonarios botines.
Se debe mencionar, aunque sea vergonzoso, que Paraguay ocupa el cuarto lugar en la lista de países con presencia del crimen organizado, según su Índice Global de Delincuencia Organizada, que clasifica a los países según la prevalencia de la delincuencia organizada y su resiliencia ante ella.
Con urgencia necesitamos mejores estrategias, y políticas públicas que consigan resultados en el combate a la delincuencia, el narco y el crimen organizado porque todos los paraguayos tienen derecho a vivir una vida con seguridad.
