Un informe reciente del Latinobarómetro sobre el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en la región destaca que Paraguay es el país con más actitudes autoritarias de la región. Dato que en estos tiempos se vuelve más preocupante, considerando las tendencias autoritarias que se detectan en las decisiones del Congreso y también en las actitudes del presidente. Después de 35 años de democracia, es fundamental defender este sistema, así como las libertades arduamente conquistadas tras una larga y sanguinaria dictadura.
Los datos resultan inquietantes, ya que disminuyó desde el 44% al 40% el apoyo a la democracia entre 2020 y 2023, y aumentó desde el 25% al 27% la indiferencia hacia el tipo de régimen.
Esta información puede ser contrastada a la luz de hechos concretos. Precisamente en este año en que la democracia cumple el mismo tiempo de duración que la dictadura de Stroessner, estamos siendo testigos del uso despótico de la mayoría en el Congreso Nacional.
Autoblindarse es una forma de defender la impunidad. En mayo fue rechazado en la Cámara de Diputados el proyecto que buscaba modificar el Código Penal, para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia. Se negaron a que la corrupción tuviera estatus de crimen. En otro acontecimiento, se torcieron garantías constitucionales, limitando debates en el mismo Parlamento, usando la mayoría para ajustar reglamentos y decidir arbitrariamente la pérdida de investidura de opositores. Este 2024 será recordado como el año en que la prensa tuvo que acuñar expresiones como el des-des-des-desafuero, cuando el Senado primero desaforó a tres senadores y luego revió la medida en un acto de prepotencia y borrachera de poder. Tampoco se deben relegar los casos de nepotismo denunciados, y mantenidos en forma impune en el Congreso de la Nación, hechos que nos hablan de una clase política acostumbrada a obtener ventajas de su posición política.
Es en este ambiente en el que se ha estado cociendo este revitalizado autoritarismo del que nos alertaron los informes; y por eso hoy se debe advertir sobre un retroceso que podría ser definitivo. Se trata de las actitudes agresivas e iracundas de autoridades y funcionarios contra periodistas. No se reclama privilegio alguno para los trabajadores de prensa, sino un respeto básico a su fundamental labor. Los que ostentan el poder con sus mayorías coyunturales no deben perder de vista que sin libertad de expresión no hay democracia.
La conocida como ley garrote contra las organizaciones no gubernamentales recientemente sancionada por el Congreso recuerda los peores años de la dictadura cuando el régimen perseguía todo tipo de asociación. La ley es vista como la criminalización de la sociedad civil, prueba de ello es la grosera filtración de datos desde la Comisión Bicameral de Investigación de Casos de Lavado de Activos, que difundió selectivamente datos sobre miembros de la sociedad civil y periodistas, que fue vista como una amenaza y un peligroso retorno a los tiempos del autoritarismo. El otro hecho es la revelación de un audio del senador colorado-cartista Gustavo Leite, donde se pone en evidencia la presión contra las oenegés, ya que desvela su vinculación a una oenegé que recibía millonarios recursos de Itaipú y Tabesa; como decía el dicho: “Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”.
Paraguay necesita recuperar el respeto a las instituciones, necesita autoridades y funcionarios dotados de honestidad, profesionalidad, moral y ética, y no debe renunciar a sus valores democráticos ni a su Estado de derecho.
