El comisario Blas Vera, director de la Policía de Alto Paraná, conversó con radio Monumental 1080 AM sobre un nuevo caso de privación ilegítima de libertad y extorsión que involucra a tres agentes policiales.
Al respecto, detalló que la denuncia del hecho la realizó una de las víctimas y sindicó a uniformados de la Comisaría 23 del barrio Carmelitas, en Ciudad del Este, como los responsables.
“La denuncia la hizo un hombre que, junto con otras dos personas, fue privado de forma ilegítima de su libertad por efectivos policiales de la Comisaría 23”, explicó el jefe policial. Los agentes del orden pidieron a las víctimas G. 10 millones para dejarlas en libertad.
Señaló que se enteraron de lo ocurrido a través de las redes sociales y tras la denuncia ante el Ministerio Público por parte de uno de los afectados.
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De acuerdo con el relato del afectado, los tres uniformados trasladaron a estas personas hasta la sede policial.
“Supuestamente uno de ellos tenía marihuana o cocaína, hasta el momento eso no sabemos, y le solicitaron G. 10 millones para soltarlos nuevamente, pero ellos consiguieron G. 3 millones”, siguió indicando Vera.
A consecuencia de esto, dispuso el cambio del jefe de la comisaría y los tres policías involucrados están en la Dirección de Policía.
Hasta el momento, siguen indagando lo ocurrido y todos los que estuvieron de guardia el domingo ya fueron convocados. Además, están recolectando imágenes de circuito cerrado.
“Los agentes negaron el hecho, pero todo ya fue comunicado a nuestros superiores, a Justicia Policial y Asuntos Internos. No hay documentos que acrediten la detención de los sujetos”, puntualizó.
Varios casos en los últimos días
Una situación similar tuvo como implicados a agentes de la Comisaría 46ª. Un hombre denunció que agentes policiales de esa delegación plantaron drogas a su hijo y a su novia, que trabajan con la plataforma de viajes Bolt.
El papá de la víctima relató que su hijo fue llevado hasta la comisaría del barrio San Juan, donde le pidieron G. 1 millón para quedar libre.
Mientras que en la ciudad de Luque, Departamento Central, un joven fue llevado a la fuerza por policías. Esto derivó en la detención e imputación cinco agentes y la pérdida del cargo del jefe de Investigaciones, Hugo Díaz.
