Fue fallo unánime de los jueces Juan Carlos Zárate, Darío Báez y Yolanda Portillo, quienes hicieron lugar al recurso de reposición del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien representó al político liberal Efraín Alegre.
Al inicio del juicio oral, la defensa del ex candidato, procesado por supuestas facturas falsas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), había pedido la nulidad de la acusación y el sobreseimiento definitivo.
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Hizo el pedido porque en la imputación señalaron que los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2018. Sin embargo, en la audiencia de imposición de medidas, la Fiscalía rectificó la fecha en que supuestamente se registraron los hechos al 19 de abril de 2019.
No obstante, en la acusación, nuevamente los hechos quedaron para el 18 de junio de 2018, por lo que, según la defensa, la acusación era nula porque no tuvo indagatoria previa sobre este punto.
Además, a raíz de la nulidad, pidió el sobreseimiento definitivo. Asimismo, dijo que Alegre era candidato presidencial, por lo que –según la ley electoral– no podía ser administrador; por consiguiente, no podía ser el autor de los hechos. También se opusieron a las pruebas de la Fiscalía.
Por su parte, las fiscalas Miriam Rodríguez y Miguel Quintana solicitaron el rechazo de la petición de la defensa, ya que consideraron que sí tuvo oportunidad suficiente para la indagatoria.
Rechazo inicial
Al resolver el incidente de la defensa, en mayoría, los jueces Zárate y Portillo rechazaron la nulidad de la acusación y el sobreseimiento, mientras que el juez Báez votó por anular todo el proceso.
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Esto fue apelado en la audiencia por la defensa, a través de un recurso de reposición, donde sostuvieron que si se fijaban en el acta de imposición de medidas, ahí se hizo el cambio de fecha de la acusación.
Fue entonces que, tras estudiar el pedido, finalmente, de forma unánime, los magistrados anularon la acusación y todo el proceso, y dispusieron el sobreseimiento definitivo del ex presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Indicaron que nunca se formó un proceso válido, ya que no hubo una segunda imputación y que se rectificó durante la audiencia de imposición de medidas cautelares.
