Los diputados Kattya González, Sebastián Villarejo y Sebastián García presentaron este lunes ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público una ampliación de los hechos denunciados en la compra de insumos médicos y posteriormente rechazados por el Ministerio de Salud.
La diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN) señaló que en la ampliación se ponen en consideración el informe de la Comisión Especial Covid-19. “Lo que hicimos es poner esos hechos relatados en ese informe, que pueden contener conductas penalmente relevantes”, mencionó.
González cuestionó que el resultado del informe no se haya enviado al Ministerio Público de oficio ya sea por el coordinador de la Comisión Especial, Arnaldo Giuzzio, o por el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni.
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“Acá no solo hay faltas administrativas y ese informe que hizo Giuzzio no sirve para nada si no lo tiene la Fiscalía; acá es la Fiscalía la que tiene que investigar y como no tomaron de oficio los fiscales y como ni Giuzzio ni Mazzoleni enviaron de oficio el informe, entonces luego de leer nosotros dijimos que esto tiene que estar en manos de la Fiscalía”, comentó.
Asimismo, indicó que proponen diligencias en cuanto a la investigación ya que a pesar de las varias denuncias y la gravedad del caso aún no se realizaron ni siquiera citaciones a las personas involucradas.
Al respecto, lamentó que hasta la fecha tampoco se haya hecho la trazabilidad del cheque emitido como adelanto por las compras que finalmente fueron rechazadas y descartar hipótesis que se manejan.
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“Ese anticipo sale del Ministerio de Salud con un cheque cruzado, significa que no se cobró en ventanilla. Nosotros le estamos preguntando a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y al Banco Nacional de Fomento (BNF) cuál es la cuenta que recibe ese cheque. Cuáles son las cuentas hijas porque supuestamente se habla de que esa era la coima, y esas hipótesis hay que descartar, justamente, haciendo la ruta del dinero, la trazabilidad de ese dinero”, explicó.
Por otra parte, la diputada informó que solicitaron reunión con Soledad Machuca, fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos, para conocer los avances de la investigación y la razón por la demora en algunas diligencias.
“Ella (Soledad Machuca) es la persona que debería encargarse de ser el nexo de qué pasa con estas cuatro denuncias que nosotros presentamos como legisladores, queremos saber en qué estado está el caso, cuál es la hipótesis que ellos están formulando por eso no se imputa a nadie”, señaló.
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González refirió que desde su perspectiva no existe mucha voluntad para entablar dicha reunión y saber qué es lo que pasa.
De acuerdo con el informe presentado por la Comisión Especial, todas los llamados para compras de insumos hechos por el Ministerio de Salud para luchar contra el coronavirus tenían fallas y se sospecha que las licitaciones hayan sido direccionadas.
El documento presentado por Giuzzio alega irregularidades administrativas “secuenciales y permanentes” en todos los procesos encarados por la cartera sanitaria. Sobre el total de 32 procedimientos, la CESC recomendó a Julio Mazzoleni anular los 14 que están en una etapa previa a la firma de contratos y velar por la correcta ejecución contractual de los restantes 18.
También se registran groseros sobreprecios en casos específicos, entre otras anomalías, no obstante, el Ministerio Público no formuló imputación. Tampoco citó a declarar a nadie de los involucrados de la firmas Imedic y Eurotec, ni del Ministerio de Salud.
