Los distintos organismos de control que supervisaron los procesos de compra realizados por el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por Covid-19 coinciden en sus apreciaciones sobre las irregularidades detectadas. Pese a que el caso más emblemático es el de la adquisición de insumos y camas, que tuvo como empresas adjudicadas a Imedic SA y Eurotec SA (vinculadas al conocido como clan Ferreira), los malos manejos también fueron detectaron en los otros procedimientos encarados por la cartera sanitaria.
El primer informe al respecto que se dio a conocer -en mayo pasado- fue el de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el proceso específico para comprar insumos y camas. El mismo, de acuerdo a las conclusiones del ente contralor, estuvo viciado de irregularidades en todas sus etapas. Conforme a los resultados de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), Salud Pública no descalificó a las firmas vinculadas a la familia Ferreira -con las cuales finalmente se rescindió contrato- pese a que estas incumplieron con los términos del llamado en más de una ocasión.
Igualmente, la Contraloría resaltó las incongruencias que existieron con relación al anticipo pagado a las empresas, lo cual no figuraba en el sistema de información de contrataciones públicas (SICP). Además, constató que el sistema de adjudicación, en principio establecido por lote, se cambió después, permitiendo cotizar por ítem, entre otras numerosas irregularidades.
Las mismas observaciones fueron ratificadas poco después por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que añadió la detección de indicios de colusión (definido como pacto ilícito en daño de tercero) en perjuicio de otros posibles oferentes.
Finalmente, la Comisión Especial de Supervisión y Control de las Compras por el Covid-19 concluyó que hubo irregularidades en los 32 procedimientos realizados, recomendando anular 14 de ellos, por encontrarse en etapa previa a la firma de contrato. Los miembros del grupo añadieron que hubo indicios de direccionamiento en los llamados y que se registraron groseros sobreprecios en casos específicos, entre otras anomalías.
Sin imputaciones
La Fiscalía investiga el caso de la adquisición de insumos y camas, pero todavía no formuló imputación. Tampoco citó a declarar a nadie ni de la firmas Imedic y Eurotec, ni del Ministerio de Salud.
Los fiscales Osmar Legal, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia están al frente de la investigación. A finales de mayo se realizaron varios allanamientos en la sede de Salud, la Dirección de Administración Financiera, el Gabinete de la Presidencia, la Dirección de Insumos Estratégicos y la Unidad Operativa de Contrataciones, y un depósito de Imedic.
La denuncia la había formulado el propio ministro Julio Mazzoleni contra las empresas proveedoras. También, hicieron lo propio nueve diputados, por supuestas irregularidades en la adjudicación, basados en el informe final de Contraloría General de la República.
Rendición de cuentas ante CGR por fondos de emergencia
La Contraloría General de la República (CGR) habilitó el Portal de Datos Abiertos, al cual se puede ingresar a través de su página web, para que la ciudadanía pueda acceder a las rendiciones de cuentas que realizan las instituciones sobre los fondos de emergencia por el Covid-19.
De momento, faltan las rendiciones del Ministerio de Salud y de Hacienda, pero las entidades todavía están en plazo de presentar sus respectivas rendiciones, según explicaron desde la CGR. En el primer grupo de entidades, destaca que la mayor cantidad de gastos se dio por parte del Ministerio de Desarrollo Social -G. 159.873 millones- y por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional -G. 149.699 millones-, de acuerdo con la información oficial que se observa en el portal.
La Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) declaró no haber utilizado todavía los recursos de la emergencia, mientras que otras como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) o la Industria Nacional del Cemento (INC) dicen no haber recibido dinero en ese concepto.
