El jefe de operaciones estratégicas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Fredy González, informó a Radio Monumental 1080 AM sobre el allanamiento a una vivienda de dos pisos ubicada sobre la calle Popeye Nacional y Santa Lucía, en la zona del Puerto Botánico de Asunción.
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En ese sentido, indicó que la vivienda allanada contaba con una carga bastante alta que no se ajustaba al de una sola residencia.
🔴 Allanan vivienda donde funciona una granja de criptominería.
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 22, 2025
🗣 "Es una granja de criptominería encontramos más de 48 máquinas que hacían baja tensión en la zona. Tenía conexión directa", refiere Fredy González, de la ANDE.
📌 El operativo se lleva acabo en Zeballos Cué,… pic.twitter.com/FhxmYM8dvg
“Encontramos cinco fases con una carga de 30 amperes por fase. Es lo que generaba baja tensión y cortes frecuentes en la zona”, explicó.
Asimismo, mencionó que se tienen transformadores para cargas normales de baja tensión en la zona, pero que hace unos 12 días explotó un transformador y empezó la baja tensión en la zona.
En total, señaló que se hallaron unas 216 máquinas con 12 estructuras de alojamiento y unas 14 tarjetas gráficas que servían para minar otras monedas virtuales, no la conocida como Bitcoin.
Entre tanto, dijo que la energía que consumía era para al menos 10 viviendas con aire acondicionado y se constató una conexión directa con medidor.
Esto, según detalló, se configura una sustracción directa, sancionado como un crimen y con una pena de hasta 10 años de cárcel por la ley recientemente modificada por el Congreso.
La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Barrial Nº 7, a cargo del fiscal Jorge Romero. Una vez constituido en el lugar con la orden de allanamiento, se abrió los portones, donde se hallaron 188 tarjetas gráficas usadas para generar criptoactivos.
Por orden del fiscal, se desconectó la conexión directa y se procedió a la incautación de todos los elementos que son pruebas de la sustracción de energía eléctrica, incluyendo máquinas, conductores y otros materiales.
El daño patrimonial estimado por la conexión ilegal asciende a G. 352.820.592, monto que, junto con los gastos operativos y las multas correspondientes, deberá ser resarcido por los responsables.
