La Comisión Vecinal “Defensores del Agua” de Atyrá convocó a una “Gran Peregrinación en Defensa del Acuífero Caacupé”, marcada para este viernes 20 de febrero, a partir de las 18:00, en el cruce San Bernardino sobre la ruta PY02.
La movilización avanzará hasta el emprendimiento inmobiliario Highlands Lagoon Lifestyle, ubicado en el límite entre San Bernardino e Ypacaraí, en rechazo a la perforación de un pozo profundo que, según denuncian, pone en riesgo el abastecimiento de agua dulce en Cordillera y Paraguarí.
Los organizadores exigen la suspensión inmediata del pozo perforado por la empresa Petrohue Real Estate SA, así como el levantamiento de las medidas cautelares que actualmente impiden su inhabilitación definitiva.
También reclaman una reglamentación clara que priorice el consumo humano por sobre cualquier uso comercial o privado del recurso hídrico.
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El conflicto gira en torno a la perforación de un pozo profundo con acueducto de aproximadamente nueve kilómetros, que trasladaría agua desde Atyrá hasta el complejo inmobiliario de lujo y que será un barrio cerrado que proyecta hoteles y una laguna artificial de gran superficie. La Comisión sostiene que el sistema sería de uso “exclusivo” del emprendimiento.
El abogado Víctor Samaniego, representante legal de la organización vecinal, denunció que la perforación se realizó sin registro municipal de obra y sin contar previamente con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito obligatorio para infraestructuras hidráulicas de gran magnitud.
Señaló, además, que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) habría confirmado la inexistencia del estudio al momento de la ejecución.
Asimismo, cuestionó que las empresas hayan obtenido medidas cautelares ante el Tribunal de Cuentas que suspenden resoluciones municipales de inhabilitación, alegando la necesidad de provisión de agua para una supuesta comunidad.
Según indicó, incluso se habría intentado reactivar el pozo previamente sellado con apoyo policial.
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Entre los principales pedidos dirigidos a las autoridades figuran: el levantamiento de las cautelares por parte del Tribunal de Cuentas; la revocación de cualquier autorización otorgada por la ERSSAN; y la negativa del Mades a conceder licencia ambiental hasta tanto se realicen estudios hidrogeológicos y ambientales exhaustivos que determinen el impacto real sobre el Acuífero Caacupé.
Además, los vecinos solicitan que se establezca una reglamentación que garantice la prioridad del agua para consumo humano en la población cordillerana, y plantean que la empresa recurra a la red de la Essap u otras fuentes reguladas para abastecer su proyecto, evitando la explotación privada del acuífero.
La Comisión “Defensores del Agua” hizo un llamado a la participación masiva de la ciudadanía, organizaciones sociales y pobladores de Cordillera y Paraguarí, advirtiendo que el derecho colectivo al agua y la sostenibilidad del recurso para futuras generaciones están en juego.
