La Dirección Nacional de Aduanas comunicó esta semana, en el marco de un segundo sumario a Imedic SA, que se detectó que la empresa habría cometido la infracción aduanera de defraudación, conforme lo dictaminado por el juez sumariante.
Sin embargo, personas afectadas en la causa resaltaron que, a pesar de que la resolución aún no está firme y que puede ser apelable, la misma tiene como “presupuesto la subvaloración del valor del flete, lo que califica como defraudación, pero no hace mención al ingreso no declarado de 50 camas hospitalarias, y su posterior egreso del territorio aduanero sin contar con la documentación requerida, lo cual constituye, sin duda alguna, contrabando”.
Según este análisis, se habría realizado una maniobra, descartando el hecho irregular principal, para favorecer a la firma Insumos Médicos SA, propiedad del clan Ferreira y a los funcionarios aduaneros involucrados en el ilícito.
Con esta sanción, se contradice plenamente el argumento de la Fiscalía, por lo que se presume que “se intenta influir en la decisión del Ministerio Público que investiga los mismos hechos y debe presentar su acto conclusivo este jueves”. En síntesis, se presume que la condena de Aduanas por defraudación y no contrabando restaría elementos a la causa por contrabando de la Fiscalía.
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Uno de los sustentos de la imputación a los funcionarios de Aduanas se basa en que, presuntamente, estos omitieron el tratamiento normal para el caso del exceso de mercaderías, conforme a las declaraciones, logrando la nacionalización de las 50 camas que no se encontraban incluidas en el legajo de documentaciones presentadas en el departamento de Registros de Aduanas. Tampoco contaban con registro sanitario ni la autorización para importación.
Todos estos pasos mencionados por la Fiscalía serían necesarios para procedimientos previstos para los casos de “exceso de mercadería”.
Por el caso se contrabando se encuentran imputados Justo Ferreira (propietario de Imedic SA), Patricia Ferreira (representante legal de Imedic SA), Carlos Gamarra (despachante de Aduanas), Lauri Pohl (agente de Transporte), Guillermo Molinas (administrador de Aduanas), Gustavo Acosta y Mario Olmedo.
El ingreso ilegal de las camas se habría dado el 18 abril del 2020 y habrían sido puestas en circulación el 21 del mismo mes, mientras que recién el 5 de mayo se emitió un registro provisorio de parte de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), de acuerdo con la Fiscalía.
Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones el juez sumariante habría determinado que estas acciones corresponden a la condena por defraudación y no por contrabando.
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“Lo resuelto en Aduanas no es más que una maniobra para favorecer al Clan Ferreira, ya que se pretende dar la apariencia de una sanción adecuada a derecho, pero en realidad se favorece alevosamente a la firma importadora al no calificar el hecho como contrabando, teniendo todos los elementos para ello, ya que la ausencia de documentos sustanciales al momento de la importación es uno de los supuestos de contrabando previsto en el Código Aduanero”, señalaron.
Asimismo, se cuestiona que como la defraudación no es un hecho punible, la sanción administrativa además del pago del tributo es una multa igual al monto del tributo aduanero en que se habría perjudicado el fisco.
También indicaron que la condena por contrabando constituye, además de una infracción aduanera, un delito de acción penal pública castigado con hasta cinco años de pena privativa de libertad.
Desde Última Hora tratamos de hablar con el fiscal Osmar Legal para conocer sobre los alcances de la sanción aduanera y su posible influencia en el caso judicial, pero no contestó las llamadas.
