El coordinador departamental de los movilizados, Jorge Paul Galeano, explicó que la medida de fuerza responde a dos reclamos históricos y urgentes para el sector más vulnerable de la sociedad.
El primero de los pedidos es que los parlamentarios estudien y aprueben el proyecto de ley que modifica la tarifa social que contempla la solicitud de exoneración en el pago del consumo de energía eléctrica para los adultos mayores que utilicen hasta 300 kWh mensuales, entre otros ajustes.
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Como segundo punto, se plantea una reducción escalonada para consumos de hasta 1.500 kWh. “Esto significa que si a un abuelo le llega una factura de G. 400.000, pase a pagar G. 180.000. Se están cometiendo demasiadas arbitrariedades contra los habitantes del Paraguay”, manifestó Galeano.
El coordinador enfatizó que el segundo motivo del reclamo nacional apunta directamente contra las constantes desconexiones del servicio por falta de pago a personas en situación de vulnerabilidad.
“La energía eléctrica es indispensable para la vida, es una necesidad básica para sobrellevar los días de frío extremo o intenso calor. Los abuelos están desamparados”, lamentó Galeano.
Electrodomésticos dañados y desprotección
La crudeza de la crisis energética en el interior del Paraguay se refleja en los testimonios de los manifestantes.
Josefina Galeano, una adulta mayor que se trasladó desde la compañía Arazapé para sumarse a la protesta, relató el impacto económico que sufren debido a las fallas en el servicio.
“Los constantes cortes y pestañeos (del servicio eléctrico) ya destruyeron varios electrodomésticos en nuestra zona. A esta edad, nosotros ya no podemos trabajar para reponer lo que se pierde. Necesitamos que las autoridades reconozcan nuestros derechos”, expresó con indignación.
Las movilizaciones se replicaron de forma simultánea frente a las oficinas de la empresa eléctrica estatal en San Ignacio y otros puntos del país, bajo la advertencia de que las medidas de fuerza recrudecerán si el Congreso Nacional no da celeridad al reclamo ciudadano.
