04 jul. 2025

Acusan en segunda causa al intendente esteño Miguel Prieto

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Presume. Según Fiscalía, Prieto (izq.) lideró un esquema de corrupción en la Comuna.

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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, acusaron y pidieron juicio oral para el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otras diez personas, por haber supuestamente ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306 millones a la Comuna.

Supuestamente, Prieto, desde la Intendencia “encabezó” a un grupo de funcionarios para que cometan y faciliten delitos de corrupción pública, “dentro de la misma institución”, y “aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos”.

Estos supuestamente “invocaron necesidades y emergencias” en plena pandemia, que no estaban justificadas.

Se hicieron supuestamente contrataciones con menos requisitos, buscando direccionar la adjudicación a empresas que no cumplían con las especificaciones para dejar constancia de entregas que nunca se realizaban.

Ese grupo era supuestamente para delinquir y estaba conformado por personas de cargos de confianza.

LA ACUSACIÓN. Se presume que entre marzo y junio del 2020, los acusados promovieron una licitación para adquirir insumos para fabricar panificados para familias de escasos recursos, pero que los productos no habrían llegado nunca.

En total, se habría perjudicado a la Municipalidad en un monto que alcanza los 306.188.500 guaraníes.

Los fiscales se refieren a que fue adjudicada la empresa unipersonal Tajy Servicios Generales, cuyo presidente es Buena Ventura Morínigo, ex suegro de Prieto.

La acusación menciona que el esquema se sirvió de estructuras jurídicas y empresariales.

Se habla de que el modus operandi fue bien estructurado. En cuanto a los funcionarios, estos habrían elaborado notas, memos y dictámenes para promover “innecesariamente” licitaciones con requisitos mínimos. Y respecto a los terceros, todos fueron del entorno de confianza del intendente.

EL ESQUEMA. Según el Ministerio Público, los que formaron parte de la red son Francisco Arrúa (ex director de Administración y Finanzas); Maggi Fariña Almada (coordinadora de la UOC); Sebastián Martínez (concejal); Alex Yamal Samhat González (jefe de la planta procesadora); Higinio Acuña (jefe de División, Adquisición y Suministro).

Además, están acusados Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez (encargada de órdenes de pago); Nelson Alexis Segovia Acevedo (tesorero); Buena Ventura Morínigo (de Tajy Servicios); Emili Vanessa Florentín Páez (presidenta de Vanemi SA); y Robert Osmar Florentín Silvero (socio de Vanemi SA).

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