16 sept. 2025

Acusan en segunda causa al intendente esteño Miguel Prieto

29772087

Presume. Según Fiscalía, Prieto (izq.) lideró un esquema de corrupción en la Comuna.

ARCHIVO

Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, acusaron y pidieron juicio oral para el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otras diez personas, por haber supuestamente ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306 millones a la Comuna.

Supuestamente, Prieto, desde la Intendencia “encabezó” a un grupo de funcionarios para que cometan y faciliten delitos de corrupción pública, “dentro de la misma institución”, y “aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos”.

Estos supuestamente “invocaron necesidades y emergencias” en plena pandemia, que no estaban justificadas.

Se hicieron supuestamente contrataciones con menos requisitos, buscando direccionar la adjudicación a empresas que no cumplían con las especificaciones para dejar constancia de entregas que nunca se realizaban.

Ese grupo era supuestamente para delinquir y estaba conformado por personas de cargos de confianza.

LA ACUSACIÓN. Se presume que entre marzo y junio del 2020, los acusados promovieron una licitación para adquirir insumos para fabricar panificados para familias de escasos recursos, pero que los productos no habrían llegado nunca.

En total, se habría perjudicado a la Municipalidad en un monto que alcanza los 306.188.500 guaraníes.

Los fiscales se refieren a que fue adjudicada la empresa unipersonal Tajy Servicios Generales, cuyo presidente es Buena Ventura Morínigo, ex suegro de Prieto.

La acusación menciona que el esquema se sirvió de estructuras jurídicas y empresariales.

Se habla de que el modus operandi fue bien estructurado. En cuanto a los funcionarios, estos habrían elaborado notas, memos y dictámenes para promover “innecesariamente” licitaciones con requisitos mínimos. Y respecto a los terceros, todos fueron del entorno de confianza del intendente.

EL ESQUEMA. Según el Ministerio Público, los que formaron parte de la red son Francisco Arrúa (ex director de Administración y Finanzas); Maggi Fariña Almada (coordinadora de la UOC); Sebastián Martínez (concejal); Alex Yamal Samhat González (jefe de la planta procesadora); Higinio Acuña (jefe de División, Adquisición y Suministro).

Además, están acusados Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez (encargada de órdenes de pago); Nelson Alexis Segovia Acevedo (tesorero); Buena Ventura Morínigo (de Tajy Servicios); Emili Vanessa Florentín Páez (presidenta de Vanemi SA); y Robert Osmar Florentín Silvero (socio de Vanemi SA).

Más contenido de esta sección
Para el ministro de la Senad, Jalil Rachid, el ex jefe de Seguridad de Tabasco, México, vinculado con el Cártel Jalisco, tenía intenciones de instalar una organización criminal en nuestro país.
En una denuncia ante la Fiscalía piden que se investigue el entorno que permitió al senador Hernán Rivas tener un supuesto título falso. Hablan de encubrimiento en el MEC, donde se hizo el registro del documento en el 2020.
A pedido de la defensa del senador Hernán Rivas, el juez Miguel Palacios postergó para el próximo lunes 22 de setiembre, a las 08:15, la preliminar para el legislador acusado por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, por su presunto título falso de abogado.
Jueces de Paz de Asunción y del Departamento Central son convocados por senadores para hablar de las problemáticas que se enfrentan tras el descubrimiento de la trama delictiva con pagarés. El evento está previsto para la otra semana.
El Tribunal de Apelación de Central confirmó la condena de 27 años de cárcel para Gustavo García Alarcón, quien, en plena vía pública, apuñaló 15 veces a su esposa, Carmen Ramona Mareco Fleitas, con quien tenía cuatro hijos, según se probó en el juicio oral. El hombre incluso trató de suicidarse tras cometer el hecho.
La Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 29 años de cárcel para Rigoberto Delgado Ojeda, quien había disparado varias veces a un hombre hasta matarlo, durante un procedimiento judicial de desalojo, realizado en el 2019, en una compañía de Paraguarí.