Tras la orden de captura pertinente, el ex legislador del Partido Patria Querida, Carlos María Soler, se presentó el pasado 3 de julio en la Oficina de Guardia del Departamento Judicial de la Policía, con lo que dio cumplimiento a la resolución del juez de Ejecución, Carlos Mendoza.
Con ello, se realizó el cómputo de la pena de 4 años de cárcel a la que fue condenado por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias, de los que fue encontrado culpable, según el fallo dictado el 15 de julio del 2022, por el Tribunal de Sentencia.
Tras la presentación, se realizó el cálculo definitivo de la pena, por lo que Soler cumplirá con su condena de 4 años de cárcel el 3 de julio del 2029, teniendo en cuenta la fecha en que se dio por detenido.
Asimismo, tendrá derecho a las salidas transitorias el 3 de julio del 2027, mientras que a partir del 3 de marzo del 2028, podrá solicitar su libertad condicional, ya que compurgará las dos terceras partes de su pena.
Además, el magistrado dispuso que el ex congresista sea evaluado por el organismo técnico criminológico, el que, bajo la supervisión judicial, se elaborará el programa de tratamiento.
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Por este motivo, el juez ordenó que el organismo técnico criminológico del lugar donde guarda reclusión el condenado lo examine y sobre la base de los resultados proponga el establecimiento y/o sección apropiado para su reclusión.
Además, el tratamiento específico recomendable para el proceso de reinserción de Soler, psicológico, psiquiátrico, médico, estudio, trabajo, etc. Esto deberá ser remitido en un plazo máximo de 45 días.
En el caso, además del ex diputado, el mismo magistrado, también había intimado al ex director regional del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Enrique Gómez de la Fuente, condenado a 3 años 6 meses por extorsión y cohecho pasivo agravado. Sin embargo, esto fue apelado.
Tanto Soler como Gómez de la Fuente fueron condenados por las juezas Elsa García, Claudia Criscioni y Yolanda Morel, el 15 de julio del 2022.
Señalaron que se probó que el ex diputado y el director de la Región Occidental del Indert, solicitaron USD 125.000, al estanciero Albino Méndez para anular la revocación de la adjudicación de un inmueble de 3.900 hectáreas que estaba en el Chaco. El denunciante entregó dos cheques a Soler, uno de G. 100 millones y otro de G. 60 millones.
