19 ago. 2025

Abogado de la familia habla de muchas irregularidades

El abogado y ex diputado Óscar Tuma, representante legal de la familia del diputado Eulalio Lalo Gomes, destacó que el informe balístico demuestra la teoría de que el legislador no efectuó disparos al momento de ser abatido por la policía. Dijo que hubo intenciones de matarlo o el operativo se desbordó en su momento, cuestionando que las pericias sobre el caso demoren más de lo normal, así como la investigación de supuesto lavado de dinero donde el hijo del diputado sigue procesado.

“Yo les puedo decir que se están retrasando las investigaciones en ambas causas, y les voy a relatar situaciones que no tienen ningún sentido”, dijo y detalló que propusieron a los fiscales indagar a los bancos sobre los supuestos operativos, pero se negaron, al igual que los jueces.

Tuma sostuvo que la intención de las autoridades no es aclarar cada uno de los casos, sino retrasar y dejar que quede todo en la oscuridad con miras a dejar todo lo irregular cometido en impunidad.

“Lo que se busca es no esclarecer, no encontrar luz a esta causa, que es el inicio de lo que es la muerte del diputado, y en cuanto a la causa para investigar la muerte, yo les puedo decir que nosotros estamos teniendo resultados después de dos meses en cosas que se suelen dar en una semana, y se dieron un montón de irregularidades, desde el momento que muere el diputado, se comienza a ocultar la verdad”, indicó, y recordó que el cuerpo fue movido por orden judicial, y se alteró la escena del crimen.

Más contenido de esta sección
La Policía Nacional, bajo la dirección del subcomisario Derlis Aquino, notificó al ex intendente Hilario Adorno que debe respetar la distancia de 500 metros de la municipal o se expone a una revocación de las medidas cautelares y se dispondrá su prisión preventiva.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por violaciones al derecho a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales en perjuicio de Aldo Zuccolillo, en la demanda promovida por el entonces senador Juan Carlos Galaverna.
Ramón Ramírez, interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, dijo que su informe fue netamente técnico y que la posible destitución de Miguel Prieto es una decisión política. Aseguró que violentar una institución pública y grabar conversaciones constituyen un delito.
Proyecto de ley que establece un cobro adicional de G. 10.000 al momento de la renovación de registros por cada automovilista y motociclista del país será estudiado por la Cámara de Senadores. En diciembre del 2024, la Cámara Alta ya la había rechazado, pero fue ratificado en mayo pasado por Diputados.
Parlamentarios de la oposición cuestionaron el acuerdo al que arribó el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, con EEUU sobre refugiados. Parece un favor a los EEUU para recibir lo que ellos no quieren, afirman.
El diputado abdista Mauricio Espínola calificó de bochorno para el país la conclusión a la que llegó el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre ataques a la libertad de asociación, la libertad de expresión y la de prensa. El cartista Hugo Meza, por su parte, dijo que el informe “le hace ruido”.