El pasado miércoles 13 de agosto, efectivos de la Policía Nacional, bajo la dirección del subcomisario M.G.A.P. Derlis Aquino, notificaron a Hilario Adorno Mazacote sobre las medidas cautelares que pesan en su contra, en el marco de una causa por delitos económicos y corrupción.
La intervención policial se realizó en la Plaza Soldado Guaraní, ubicada a unos 150 metros de la Municipalidad de Puerto Casado y junto a la sede del Ministerio Público. La notificación corresponde al Auto Interlocutorio N.º 154 del 7 de mayo de 2024, dictado por el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, y ratificado por la Sentencia N.º 256 del 13 de junio de 2025 emitida por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N.º 2 de Asunción.
La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por Domingo Vera, intendente municipal; Virgilio Chamorro, presidente de la Junta Municipal; Severiano Sosa Benítez, jefe del personal municipal; y los concejales Encarnación María Violeta y Erasmo Manuel Rodríguez.
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Todos ellos reportaron que Adorno Mazacote habría violado en reiteradas ocasiones la medida cautelar que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la sede municipal.
Según el acta policial, la presencia del denunciado en la plaza fue verificada a las 07:30 horas y confirmada por varios testigos. El procedimiento se realizó sin incidentes, librándose el acta correspondiente y remitiendo la comunicación al Tribunal y a la Fiscalía interviniente.
En la fecha 14 de agosto, el Tribunal de Sentencia presidido por Adriana Planas, por unanimidad, resolvió mantener las medidas impuestas al procesado exintendente Hilario Adorno Mazacote, consistentes en la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la municipalidad.
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Asimismo, el colegiado advirtió que, en caso de un nuevo incumplimiento, se revocarán dichas medidas y se dispondrá su prisión preventiva.
